El deterioro que se ha producido en mi empresa a lo largo de los últimos diez años ha ido en paralelo con el que se ha producido en España durante el mismo periodo. Ello me impulsa a establecer un paralelismo entre los mecanismos que rigen la gobernanza de una empresa y los que rigen los de una nación, salvando las diferencias que hay entre ambas, que existen pero son menos de las que puede parecer. No en balde se alude a los políticos, cada vez con mayor frecuencia y propiedad, como «gestores», y eso es precisamente lo que define a un buen empresario: una buena gestión.
Por otra parte, se habla constantemente de recuperación y esa es, efectivamente, la prioridad política en estos momentos. Pues bien, las empresas tienen un papel fundamental en la recuperación, y por eso las políticas de estado deben establecerse en consonancia con los intereses de las empresas y viceversa. Es una incongruencia hablar de la necesidad de crear empleo y pretender al mismo tiempo obstaculizar el desarrollo de quienes pueden y deben crearlo, como también es incongruente que las empresas no se corresponsabilicen con el gobierno para salir de la situación actual.
A nadie le cabe ninguna duda de que es preciso un amplio consenso para lograr la estabilidad que se requiere para gobernar, pero ese consenso ha de ir más allá de las paredes del Parlamento. No se pueden estar improvisando continuamente las leyes ni utilizarlas como moneda de cambio entre las distintas fuerzas políticas y agentes sociales. Los agentes sociales, y muy especialmente las empresas, no pueden ignorar el contexto económico e histórico en el que estamos inmersos, no pueden hacer de su capa un sayo y mucho menos convertirse en un obstáculo para la recuperación del país llevando a cabo una mala gestión y recabando la ayuda del Estado para paliar las consecuencias de la misma.
El consenso que se ha creado estos días en el Parlamento es frágil, pero constituye una oportunidad preciosa y abre un tiempo que puede ser decisivo para la recuperación económica de nuestro país. No podemos desperdiciarla. La sociedad en su conjunto tiene el deber de reforzar ese consenso, exigir que no se rompa y hacer que sea fructífero. Todos somos corresponsables de lo que pase en los próximos años.
Políticas empresariales y educación
Pero, más allá de las buenas intenciones, para evitar que cada uno vaya por su lado hace falta un marco bien definido sobre el que legislar, unas reglas que marquen prioridades, límites y objetivos, y establezcan los criterios de las distintas políticas económicas y sociales. Todos los índices económicos están interrelacionados, y con las herramientas de medición apropiadas es muy fácil fijar unas reglas que permitan mantenerlos en su nivel óptimo de equilibrio. El gasto público, el paro o el endeudamiento son factores que han de estar sometidos a esas reglas. Pero también las prácticas empresariales y la educación. Unas porque sin un tejido empresarial sano y eficiente no hay país que pueda avanzar, y la otra porque la educación, más allá de aspiraciones personales, es un tema fundamentalmente económico. La integración de la educación en el mundo laboral debería ser una prioridad absoluta.
No hay espacio aquí para exponer estas reglas las en detalle, pero espero tener la ocasión de hacerlo en entregas sucesivas.
