«La anulación del Plan Porxinos de Riba-roja de Túria es otra ruina en diferido de la desastrosa gestión urbanística del anterior gobierno de la Generalitat del PP». Así de rotundas se mostraron ayer fuentes del Consell consultadas por Levante-EMV tras publicar ayer este diario que el Valencia CF reclama el pago de 19,5 millones de euros a la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en concepto de responsabilidad patrimonial como resarcimiento económico, ya que el Tribunal Supremo anuló esta macrourbanización y la entidad blanquinegra entiende que ha sufrido un perjuicio económico. «Ahora la política urbanística del actual gobierno valenciano ha cambiado por completo y se apuesta por una ordenación del territorio sostenible y racional, lejos de la depredación y la especulación», dijeron las mismas fuentes. El Tribunal Supremo ha emitido ya algunas sentencias «que vienen a demostrar la política errónea y la fallida gestión urbanística del gobierno del PP. Esta de Porxinos es una de ellas pero las sentencias dictadas por los tribunales que nos están llegando ahora son un verdadero varapalo a las decisiones tomadas por los anteriores dirigentes», enfatizaron en el gobierno autonómico.

Para los actuales gestores del departamento que lidera la consellera María José Salvador, «reclamaciones como ésta no son más que la ruina en diferido que ha dejado el antiguo gobierno del PP y demuestran las consecuencias graves de su desastrosa gestión».

En esta línea, «las decisiones del antiguo gobierno de la Generalitat» dirigido por el expresident Francisco Camps y el conseller de Territori y Vivienda Rafael Blasco son «muy graves para las arcas de la administración pública y para los valencianos».

Por su parte, el alcalde socialista Robert Raga recordó que el Valencia «también nos reclama a nosotros, al ayuntamiento de Riba-roja 25 millones por idéntico motivo, la anulación de Porxinos, un dinero que el gobierno local entendemos que no tenemos que pagarlo porque el club ya logró una plusvalía de 60 millones por la venta de estos terrenos, por tanto no ha sufrido ningún perjuicio». Raga recordó que los responsables «de la situación kafkiana y del desastre urbanístico que sufrimos hoy son Francisco Camps y Rafael Blasco, que está en la cárcel recordemos; y Francisco Tarazona, exalcalde del PP, y Juan Soler, el expresidente del club, que manipularon a la población en favor de este plan». Raga ha convocado para esta semana la Comisión Municipal de Investigación sobre Porxinos para estudiar el requerimiento del VCF además de otras cuestiones relacionadas con el PAI. Conselleria le ha pedido un informe sobre la fallida macrourbanización.

Ayer, fuentes del Valencia CF declinaron a este periódico hacer declaraciones al respecto de este requerimiento.