Un informe jurídico del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria exime al consistorio del pago de 25 millones de euros a Litoral del Este, promotora del PAI de Porxinos, como compensación por la anulación del programa urbanístico ordenado por el Tribunal Supremo.
El dictamen encargado por el actual equipo de gobieno sostiene que el consistorio ha cumplido «escrupulosamente» el convenio que tanto el ayuntamiento como el agente urbanizador rubricaron en junio de 2005. El informe, según una noa de prensa del equipo de gobierno de Riba-roja de Túria mantiene que se «tramitó en junio de 2005 el convenio firmado en abril de ese mismo año y, posteriormente, lo trasladó a la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva que, sin embargo, una sentencia primero del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2016 declaró nulos el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico».
Litorial del Este reclama al Ayuntamiento de Riba-roja 25 millones de euros por responsabilidad patrimonial por la anulación del plan y otros 19 millones a la conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Territorio. El agente urbanizador pagó al consistorio 20 millones de euros por la aprobación provisional del plan. El estudio legal ratifica que «el nuevo plan de Porxinos presentado en marzo de 2016 en el ayuntamiento por parte de Litoral del Este fue, nuevamente, tramitado por el gobierno local en abril pasado ante la Conselleria de Obras Públicas y Territorio con el objetivo de respetar el convenio inicial firmado entre ambas partes. La aprobación definitiva del PAI corresponde a la Generalitat, última instancia administrativa como garante del cumplimiento de la legislación urbanística valenciana actual».
El dictamen afirma que «las obligaciones del ayuntamiento se limitan a la aprobación provisional del PAI y su remisión a la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva; su obligación no alcanza a garantizar o asegurar la aprobación definitiva por parte de la Generalitat ni tampoco a garantizar su convalidación por parte de los tribunales de justicia, el convenio no contiene una cláusula de invalidez del mismo en el supuesto de que el PAI no llegara a aprobarse por la conselleria o se anulara en los tribunales, ni tampoco una cláusula penal o resolutoria que obligue a la devolución de las aportaciones».
El informe técnico aduce que cuando se presentó el PAI «el suelo estaba clasificado como no urbanizable de protección agrícola", por lo tanto ratifica que "no contaba con un derecho previo a la tramitación y aprobación definitiva ni tampoco ningún aprovechamiento cuya eventual anulación pudiese comportar indemnización; su iniciativa se planteaba a riesgo y ventura de que pudiera o no prosperar tal y como se recoge en el sistema de gestión indirecta de los programas regulados por la ley urbanística valenciana» y reitera que el convenio «no ha sido anulado por los tribunales sino el plan parcial y la homologación. Ssi el PAI no puede desarrollarse no es por la anulación del convenio sino por la anulación de los instrumentos del planeamiento», por lo que no cabe lugar a una indemnización como solicita Litoral del Este.
Por último, el estudio técnico legal considera «injustificados» los 3'4 millones de euros que pide el urbanizador por gastos generales, insta al demandante a solicitar a los propietarios de terrenos de Porxinos a exigirles los 956.000 euros como indemnización y recuerda que el Valencia no actuó de buena fe al intentar llevarse "a escondidas" la ciudad deportiva a Nàquera.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha manifestado que las conclusiones del informe avalan su actuación, que «ha actuado de acuerdo a la ley con el único ánimo de defender los intereses de los ciudadanos de nuestro municipio en un asunto que desde el primer momento y advertimos que supondría numerosos problemas y gastos para las arcas municipales por culpa del empecinamiento del Partido Popular de llevarlo a cabo».
