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El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Valencia, en manos de una jueza sustituta durante el mes de agosto, mantuvo ayer la suspensión cautelar de los derribos en el Cabanyal, tal como había decidido la titular del juzgado el pasado viernes. Según comunicó a las partes, el pronunciamiento definitivo se producirá en los próximos días, aunque todo indica que esperará al final de las vacaciones y la vuelta a la normalidad.
El pasado viernes, 31 de julio, este juzgado admitió los recursos interpuestos por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia contra los derribos en el Cabanyal. En concreto, el PSPV pedía la suspensión cautelar de dos demoliciones dentro de la parte del barrio declarada Bien de Interés Cultural (BIC) mientras no se pronuncie el Ministerio de Cultura sobre un posible expolio patrimonial. Y el juzgado decretó de manera urgente y sin escuchar a la otra parte, la suspensión cautelar de esos derribos para evitar un deterioro irreversible.
De todas formas, ayer citó al Ayuntamiento y a la sociedad municipal Cabanyal 2010 para que se pronunciaran al respecto y determinar si seguía adelante con la medida cautelar.
Vía urbanística y patrimonial
Aunque no ha trascendido el grueso de la declaración, fuentes conocedoras del caso aseguraron que el representante municipal insistió en la vía urbanística y exhibió las sentencias que han avalado la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. La parte contraria, sin embargo, se ratificó en su tesis de que esos derribos vulneran la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que obliga a quienes quieran derribar un edificio en este marco protegido a tener licencia para levantar su sustituto.
Ahora, la jueza estudiará detenidamente los recursos y emitirá un pronunciamiento definitivo en los próximos días, aunque muy probablemente lo dejará para el mes de septiembre, cuando regrese el titular del juzgado y retome la causa.
Los dos edificios objeto del recurso están ubicados en la calle Padre Lluis Navarro, 170, y en la calle Barraca, 155. También se presentó un recurso por la negativa del pleno a aprobar una moción de los socialistas que reclamaba la paralización cautelar.
