Rajoy garantiza a Barberá que si gana las elecciones habrá prolongación

LEVANTE-EMV/EFE VALENCIA La primera reacción de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la multitudinaria manifestación del domingo contraria a los derribos en el Cabanyal fue asegurar que la "garantía" para ejecutar el plan de reforma del barrio es "que el PP gane las elecciones generales". La alcaldesa, que calificó la manifestación de "mitin político, informó de que ayer por la mañana habló con Mariano Rajoy quien le garantiza que si gana las elecciones "las aguas volverán a su cauce y tendremos al Gobierno apoyando el plan del Cabanyal".
Barberá informó del compromiso expreso del presidente de su partido con el proyecto municipal tras el acto de presentación de la estrategia de la Comunitat. La alcaldesa auguró la victoria del PP en las elecciones porque el Gobierno del PSOE está "absolutamente colapsado, agotado y cuestionado". Barberá incluso apuntó que las elecciones generales de 2012 se adelantarán tras la presidencia europea.La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, replicó que "la mejor garantía para que no se destruya el Cabanyal es un gobierno socialista".
Barberá respondió ayer a la abogada de Salvem el Cabanyal, Blanca Blanquer, quien criticó en una entrevista concedida a este diario la ausencia de inversiones en el barrio desde que gobierno el PP en la ciudad. Barberá cuantificó en 40 millones de euros la inversión en el Cabanyal.
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguró ayer en un acto con la vicepresidenta De la Vega celebrado en Castelló que el "expolio" que pretenden llevar a cabo la Generalitat y el ayuntamiento "no se producirá porque el Estado de Derecho pone límites a quienes quieren expoliar el patrimonio y los derechos sociales". Recordó a los políticos del PP que "se deben al pueblo y no se pueden servir de éste en beneficio personal".
El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, aseguró ayer en relación al recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Consell que blinda el plan especial que "la voluntad democrática de los ciudadanos y la legalidad están por encima de los caprichos de un Gobierno que dicta sentencias políticas en función del color político de cada autonomía".