Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, la empresa pública liquidada con un agujero de 17 millones de euros, aseguró ayer en su declaración ante el juez de instrucción que la contratación de la empresa de tratamiento de lodos Notec, ahora investigada por presuntamente haber hinchado facturas y cobrado servicios no prestados, se la impuso la Epsar, entidad de saneamiento de aguas dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente.
Preguntado sobre por qué esta empresa facturó a la depuradora diez meses antes de tener el contrato firmado con la depuradora de Pinedo explicó que no lo sabía pero que se precisaron sus servicios porque aportaba un nueva tecnología de secado solar de los fangos, según fuentes jurídicas.
Cuesta argumentó que el tratamiento de secado solar de lodos mediante el sistema Thermosystem se requiere como consecuencia de una adenda del Convenio de 2004 firmado con la Generalitat. Este documento, según declaró en otras sesiones ante el juez el propio Cuesta, fue firmado por el exconseller José Ramón García Antón, en aquella época conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. En otras declaraciones ante el instructor también explicó que el precio de los lodos, en algunos casos muy superior al del mercado, los fijaba la propia Epsar.
Notec tiene denunciada en la actualidad a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de Emarsa, por haber roto el contrato que tenían firmado. Por ello les exige 24 millones de euros de indemnización por los supuestos gastos de puesta en marcha de una planta de tratamiento de lodos en Requena. Por su parte, la Emshi también denunció a esta firma que ahora está siendo investigada y, de hecho, su administrador está imputado en la causa.
En el sumario del caso Emarsa se ha revelado que en las adjudicaciones se producían todo tipo de irregularidades, sobre todo en el caso de las firmas investigadas. Para otorgar los concursos se realizaban auténticos paripés ya que se daba imagen de un proceso negociado con publicidad pero en realidad la empresa ya estaba elegida e incluso cobraba.
En el caso de la firma Microprocesadores Valencia, que ha facturado más de 2,7 millones de euros, la rúbrica del contrato tiene la misma fecha que la oferta pública de concurso. Algo similar pasó con Viajes Benimàmet que cerró su contrato el 1 de octubre y su oferta para participar en la adjudicación, al igual que las otras dos empresas que concursaron, llegaron a Emarsa un mes después.
Otra de las deficiencias en la contratación eran los pagos adelantados. Las empresas de la familia García Martínez recibieron pagarés antes incluso de presentar las facturas. De la misma manera, la firma Grupo Mas firmó un contrato de 35.000 euros y acabó cobrando más de 120.000 euros.
La empresa del portavoz del PP en Albuixech, José Alcácer, que hoy acude a declarar como imputado, estuvo trabajando para la depuradora sin contrato. Además, cobró a una de las empresas investigadas por el juez. Su mujer, que facturaba como autónoma transportista a la depuradora, cobraba el transporte que también facturaba otra empresa.
El saqueo de la planta de Pinedo tendrá un juez dedicado en exclusiva
El juez titular del Juzgado número 15 de Valencia, Vicente Ríos, se dedicará exclusivamente a investigar el saqueo de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido poner un magistrado de refuerzo que llevará los casos ordinarios que pasan por la sala. La instrucción del caso Emarsa se inició en el mes de octubre del pasado año y ha generado más de 10.000 folios de documentación. De momento sólo han declarado tres de los nueve imputados. El exgerente, Esteban Cuesta, ya lleva 25 horas de interrogatorio y todavía tendrá que regresar el próximo 27 de octubre para finalizar su declaración. Fuentes conocedoras de la investigación aseguraron a Levante-EMV que el número de imputados podría aumentar. La fiscal ya ha pedido incluir al expresidente de Emarsa Enrique Crespo.
