La Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Emshi pidieron ayer al juez que fije una fianza por responsabilidad civil de 13,7 millones de euros para los dos directivos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR) imputados en el supuesto saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora valenciana de Pinedo. Según la providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia da cuenta de ambas peticiones de fianza a Juan José Morenilla, exgerente de EPSAR, y a Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de esta sociedad dependiente de la Generalitat.

En otra resolución, el juez fija en 2,7 millones de euros la responsabilidad civil del imputado Enrique Sena, empresario ligado a Emarsa. El magistrado también ordenó investigar el patrimonio de la esposa de Juan José Morenilla y de la empresa que administra, y también investigar al resto de sus familiares directos y a los de Ignacio Bernácer.

Por su parte, Eva María Marsal, administradora única de Management de Azafatas y Servicios, S.L. (Grupo Mas), afirmó ayer ante el juez ayer que Emarsa utilizó a su mercantil para "encubrir" el contrato la exportavoz del PP en Benetússer, María Soledad Giner Cercós, y para la compra de entradas para diferentes eventos. Respecto a la edil, afirmó que estaba obligada a contratarla si quería prestar el servicio en la Expo 2008 Zaragoza. La imputada solo quiso responder a las preguntas formuladas por su abogada. La imputada, quien fue pareja sentimental del ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, quiso aclarar en la situación "de quiebra técnica" a la que ha llegado su empresa "precisamente a consecuencia de la repercusión mediática que ha tenido el caso Emarsa". "Pese a que no tengo nada que ver con el caso, nadie quiere trabajar con mi empresa", dijo. Marsal se defendió al asegurar que todos sus trabajos fueron contratados de manera legal y fueron obtenidos con publicidad.