El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón al cartero Antonio Moreno y ha obligado a Correos a darle la jubilación «por incapacidad permanente» que la empresa pública le había denegado durante tres años. Antonio tenía que repartir la correspondencia acompañado de una muleta, como contó Levante-EMV hace un año. Un perito judicial ha desmentido a los médicos de la sociedad estatal y declara que con sus patologías no podía ejercer las funciones a las que sus superiores le estuvieron obligando.
Antonio, que ha estado asesorado en todo momento por los abogados del Sindicato Libre, aseguró que sus superiores se lo han hecho «pasar muy mal». Según el perito médico judicial, Antonio «está efectivamente incapacitado para la realización de su trabajo habitual, considerando que su permanencia en el mismo supone un muy importante factor de empeoramiento en todas sus patologías, en especial en la patología traumática causada por su accidente laboral y el trastorno depresivo con componente de ansiedad». Esta depresión fue motivada, según el afectado, por las presiones que recibió de la empresa». «Por mis impedimentos, sólo podía realizar el 10 % del trabajo que me encargaban», dijo.
El equipo médico de Correos dictaminó una y otra vez que Antonio no estaba afectado de invalidez «en modo alguno». Con estos informes la empresa pública le obligó a seguir trabajando durante tres años porque su ahora «invalidez permanente» no le impedía «el desempeño de las funciones de su cuerpo», es decir, cubrir grandes distancias a pie o subir escaleras.
La sentencia favorable a Antonio tiene fecha del pasado 31 de octubre. El 22 de noviembre Correos la aplicó y le concedió la incapacidad permanente. Tras esta victoria, Antonio es otra persona y ya ve con perspectiva un futuro con menos sufrimiento.
