El Ayuntamiento de Valencia tendrá que pagar a la anterior concesionaria de la grúa municipal, Servicleop, alrededor de dos millones de euros por no sacar los coches de uno de sus depósitos después de rescindirle el contrato. En concreto, el consistorio tendrá que abonar los gastos de personal, electricidad, agua etc. que la empresa tuvo que dedicar a la custodia de unos 1.000 vehículos hasta que la nueva concesionaria se los llevó a sus propias dependencias.
Este procedimiento se enmarca dentro de las complejas relaciones de Servicleop y el Ayuntamiento de Valencia en los últimos años de concesión. Sanciones, quejas e impagos fueron algo habitual en esos años y éste sería un incidente más.
El contrato de Servicleop se firmó en el año 2004 por un periodo de ocho años, prorrogables por dos más como máximo. Ese periodo, por tanto, finalizaba el 30 de junio de 2014, por lo que un mes antes, en mayo, el Ayuntamiento de Valencia adjudicó ese servicio a otra empresa, que es la que lo tienen en la actualidad.
El problema es que los vehículos depositados en el recinto de la calle Agazador dels Bous, número 8, arrendado a Ferrocarrils de la Generalitat, no fueron retirados a tiempo y permanecieron en ese lugar hasta finales de año.
Por este motivo y después de advertir al ayuntamiento de esta circunstancia, Servicleop pidió que se le indemnizara con 2,5 millones de euros por el arrendamiento de los terrenos, y los gastos de personal, electricidad, agua etc. durante esos meses extra de custodia. Y tras un evidente silencio administrativo, reclamó la indemnización a los tribunales.
En su descargo, el Ayuntamiento de Valencia alegó que el contrato preveía un margen de tres a seis meses para desalojar los locales y que todo hubiera sido diferente si la empresa hubiera abandonado voluntariamente los locales para cederlos a la nueva concesionaria, que se los había alquilado también a FGV. No hubiera sido necesario ni siquiera sacar los coches, dice.
Gastos de custodia
Celebrado el juicio en mayo de este año, la sentencia final le da la razón a Servicleop, a la que le niega el derecho a cobrar por el arrendamiento de los terrenos pero sí lo referido a gastos de personal empleados en la guardia y custodia de los vehículos y los gastos de mantenimiento.
Aunque no fija una cifra concreta, cosa que tendrá que establecerse en la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento de Valencia calcula que se aproximará a los dos millones de euros y ayer, en la Junta de Gobierno Local, decidió no recurrir la sentencia.
El primer teniente de alcalde, Joan Calabuig, lamentó esta circunstancia y atribuyó este desembolso de dos millones de euros al «mal gobierno del Partido Popular».
