El norte de España ha sido estos días pasto de las llamas. Sólo en Cantabria se han contabilizado más de 80 incendios y cerca de 2000 hectáreas de alto valor ecológico han ardido, dejando un panorama aterrador. También en Asturias, Navarra y País Vasco.
Según declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con casi seguridad, los incendios han sido intencionados. El terreno seco y el fuerte viento han avivado las llamas y han dificultado las tareas de extinción en la que han participado cientos de voluntarios. Afortunadamente, la lluvia caída estas últimas horas ha dado algo de tregua y la mayoría de los incendios están ya controlados, tras una semana trágica, que deja el norte de España con unas pérdidas millonarias, no sólo en términos económicos sino también medioambientales.
Las imágenes de animales calcinados, parcialmente quemados o huyendo despavoridos del horror de las llamas son sobrecogedoras.
La nueva Ley de Montes poco ayuda en esta tarea que nos concierne a todos de prevenir los incendios forestales y de endurecer las penas contra los pirómanos.
Hasta ahora tenían que transcurrir, al menos, 30 años para edificar en terrenos calcinados. La nueva reforma aprobada por el PP tiene trampa porque aunque mantiene el periodo de 30 años para poder recalificar, deja en manos de las comunidades autónomas la recalificación de zonas forestales quemadas en aras del interés público, lo cual fomenta y favorece la especulación, como han denunciado muchas organizaciones ecologistas.
La pirámide que muchas veces se da es la siguiente: compro suelo forestal, incendio el monte, recalifico el terreno y vendo suelo urbanizable. Mientras no cambiemos esto, no acabaremos con la lacra de los incendios forestales porque hay muchos intereses económicos en juego.
