El Tribunal Supremo ha anulado la compra de acciones en la salida a Bolsa de Bankia, con lo cual, la entidad nacionalizada tendrá que reembolsar el 100% del capital invertido a aquellos clientes que compraron acciones. La sentencia excluye, de momento, a los grandes inversores institucionales, que no contentos con lo que dice el alto Tribunal tienen previsto presentar varias demandas, al entender que también resultaron perjudicados con la salida a Bolsa de Bankia.

La sentencia deja a las claras que el folleto informativo, contenía información económica y financiera inexacta. Falta por dilucidar, si también falsa o no.

Comparto absolutamente la sentencia del TS de que hay que resarcir el dinero a los miles de ahorradores que fueron engañados con la salida a Bolsa de Bankia y que aconsejados por su director, comercial o asesor de turno compraron acciones, sin conocer la situación real del banco y fueron estafados.

Pero eso mismo les ha ocurrido a los cientos de miles de preferentistas y a otros tantos que compraron acciones subordinadas, que resultaron igualmente engañados y estafados, aconsejados por las mismas personas, desconociendo absolutamente la situación financiera de la Caja y, sin embargo, para estos ahorradores no ha habido sentencia del Tribunal Supremo alguna que les resarza íntegramente la inversión que hicieron, salvo los que se acogieron al proceso de arbitraje y ganaron el pleito o los que presentaron una demanda en el juzgado contra Bankia y tuvieron la suerte de ganarla. Con el tema de las acciones, el Tribunal Supremo lo hace extensible a todos los accionistas que compraron acciones, hayan denunciado el caso ante los tribunales o no. La sentencia es de carácter general y, por tanto, cualquier ciudadano que haya comprado acciones, la entidad está obligada a abonarles el capital invertido más los intereses de demora.

¿Por qué no se ha hecho esto mismo con los que compraron otros productos igualmente tóxicos como fueron las preferentes o las acciones subordinadas? Los afectados siguen manifestándose y reclamando justicia.

La sentencia no puede amparar sólo a los que compraron acciones. También a los que invirtieron los ahorros de toda su vida en otros productos, que comercializó el banco para captar pasivo, engañando a los clientes, como ocurrió con la venta fraudulenta de preferentes y subordinadas.

Sería justo pedir el mismo trato para unos clientes que para otros. El Tribunal Supremo debería hacer lo propio, anulando la compra de preferentes y deuda subordinada y resarciendo a los clientes, el dinero que invirtieron. Los motivos son los mismos que aduce la sentencia del TS.

Justicia también sería pedir, que los que diseñaron toda la operación fraudulenta, paguen por ello y que los organismos reguladores como la CNMV o el Banco de España, que no lo supervisaron adecuadamente asuman su parte de responsabilidad.