Con la reprobación del PSOE a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría por las cargas policiales para impedir que se celebrara el referéndum ilegal del 1-O, se ha roto la unidad institucional entre los dos grandes partidos en lo que es, sin duda, la crisis de Estado más grave de la democracia española, desde el 23-F.
La reprobación debe ir dirigida, en todo caso, a quienes han violentado el Estado de Derecho, incumpliendo las leyes y saltándose la legalidad, celebrando un referéndum ilegal y poniendo en peligro la convivencia democrática. A los que acosan a policías y guardias civiles por cumplir con su deber, revientan comercios o señalan en pasquines a quienes no piensan como ellos. Estos actos sí que merecen una reprobación sin paliativos.
En estos momentos difíciles, que el propio monarca Felipe VI ha calificado de "extrema gravedad" , como consecuencia del desafío independentista y la más que probable declaración unilateral de independencia, la unidad de los partidos constitucionalistas para garantizar el orden constitucional y la igualdad entre todos los españoles es más necesaria que nunca.
El PSOE debería retirar esa reprobación que no tiene ningún fundamento porque la policía y la guardia civil hicieron lo que tenían que hacer: impedir que se celebrara el referéndum ilegal. Los Mossos contraviniendo la orden de un juez, no lo hicieron. Eso no fue portada en la prensa internacional, pero sí las cargas policiales.
