El Gobierno ha cedido nuevamente ante Junts para aprobar la Ley de Amnistía, tal como la quería el partido de Puigdemont, incluyendo a todos los implicados en el “procés”, entre ellos, al propio Carles Puigdemont y a Marta Rovira. El acuerdo al que ha llegado el Gobierno con los partidos independentistas, excluye los delitos calificados como terrorismo. Hoy era el último día para cerrar un acuerdo antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Junts garantiza de este modo su apoyo a los PGE, lo que da un respiro al Gobierno que se encuentra en un momento muy delicado con el “caso Koldo”, apuntando a varios ministerios y a la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Es, por tanto, una ley hecha a la medida de los que cometieron un golpe de Estado que les deja sin ningún tipo de responsabilidad penal ante los tribunales de justicia españoles, que ya se pronunciaron en su momento, condenando a los políticos catalanes por delitos muy graves.

Esta situación derivada de la Ley de Amnistía deja sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo. Es decir, que los que se equivocaron dictando estas sentencias fueron los propios jueces que se limitaron a aplicar la ley, mientras que los que subvirtieron el orden constitucional, no cometieron delito alguno.

Si la ley de amnistía les da la razón, Junts va a ir más lejos, acusando a los jueces de prevaricación.

Esta Ley no es solo injusta desde un punto de vista estrictamente jurídico; atenta contra el estado de Derecho y contra la igualdad de todos los españoles ante la ley.

Una Ley que es claramente inconstitucional, como mantenía el propio presidente del Gobierno y buena parte del ejecutivo socialista antes de las elecciones del 23-J. La necesidad de sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez con los votos de Junts, tras fracasar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, hizo cambiar de opinión al presidente del Gobierno y hacer de la necesidad virtud, aunque fuera a costa de faltar a su palabra durante la campaña electoral.

Un claro engaño a los votantes socialistas que depositaron su confianza en Pedro Sánchez que prometió traer a Carles Puigdemont para ser juzgado, como lo fueron el resto de políticos catalanes condenados en el “procés”.

El Gobierno ha cambiado el relato. De considerar los hechos del 1-O como rebelión a eliminar el delito de sedición y a modificar la malversación para contentar a sus socios independentistas o a decir  que todo esto se hace para recuperar la convivencia en Cataluña.

La Ley de Amnistía obedece únicamente al interés personal de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder, no hay otra razón política o de interés general que hagan necesaria una Ley de Amnistía que solo se produce cuando hay un cambio de régimen, como ocurrió en este país en 1977 cuando se pasó de la dictadura a la democracia y se aprobó una Ley de Amnistía. Nada que ver con la situación de la España actual, donde existe una democracia consolidada.

No siendo suficiente todo esto, el siguiente paso ha sido aprobar una Ley de Amnistía que traerá a España a Carles Puigdemont, desde su retiro dorado en Waterloo, sin ser juzgado en España. La amnistía a diferencia del indulto borra el delito, de tal manera que lo ocurrido el   1-O fue un acto legal y, por tanto, podrían volver a repetirlo, sin que ahora fueran condenados por ello, lo cual deja al Estado sin instrumentos legales para evitar que se produzcan unos hechos similares, como los que tuvieron lugar el 1-O. De hecho, el ex presidente catalán Carles Puigdemont sigue sin renunciar a la vía unilateral, como ha vuelto a reiterar desde Bruselas.

En este sentido, nada ha cambiado desde su posición inicial, sí la de ERC que ha mantenido una postura mucho más pragmática en esa pugna electoral que mantienen ambos partidos, donde no se descarta un adelanto de los comicios, con el PSC dentro de esa batalla electoral.

A la Ley de Amnistía le queda todavía un recorrido largo, no solo en el Tribunal Constitucional donde será recurrida por la oposición sino también en las instancias europeas.