Tras la Ley de Amnistía, el Gobierno lo fía todo a su acuerdo con Junts para sacar adelante los PGE y dotar de cierta estabilidad a la legislatura, aún a sabiendas de que el partido de Puigdemont no es un socio de fiar. Una desconfianza que es mutua.

Junts va a seguir apretando las tuercas a Sánchez y cada ley que quiera aprobar, se va a hacer con una contrapartida a cambio. A junts, la gobernabilidad de España se las trae al pairo, como ellos mismos han reconocido. Lo único que les importa es poner fecha al referéndum de independencia.

Conseguida la Ley de Amnistía, la hoja de ruta es avanzar hacia el referéndum. A Junts se le podrán reprochar muchas cosas, pero siempre han sido muy claros y sinceros en cuanto a sus reivindicaciones: Amnistía e independencia. Y de ahí no se han movido un ápice.

El Gobierno y, especialmente, Pedro Sánchez sí que han ido cambiando de opinión para garantizarse una mayoría parlamentaria, pero el independentismo catalán, también ERC, siempre han sido fieles a sus postulados independentistas.

Y se han encontrado con un Gobierno, que ni el mejor de los casos se podían imaginar porque fue el mismo que apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana con el Gobierno de Mariano Rajoy, tras los disturbios del 1-O. El mismo que decía que la Ley de Amnistía era inconstitucional y que se comprometió a traer a Carles Puigdemont a España para ser juzgado por los tribunales de justicia. El mismo que calificó de rebelión los hechos del 1-O y se negaba a conceder los indultos a los políticos catalanes condenados por el “procés”.

Cada ley que quiera aprobar el Gobierno va a requerir de una negociación permanente con el objetivo puesto en el referéndum. Más pronto que tarde va a ser la condición sine qua non del independentismo para seguir apoyando a Sánchez. No es necesario decir que sin ese apoyo, la legislatura habrá llegado a su fin, aún a sabiendas de que un cambio de Gobierno con PP y Vox, les iba a poner las cosas mucho más difíciles.

Hasta ahora el Gobierno ha cedido en todo, sin que el independentismo haya renunciado a nada, ni siquiera a la vía unilateral que Puigdemont saca cada vez que puede, como arma arrojadiza contra el Gobierno y para demostrar que aún le quedan cartas en la baraja.

Con el independentismo cada vez más fuerte porque así lo ha querido Sánchez, con tal de permanecer en el poder, la gobernabilidad de España está en manos de los que quieren romperla.

España no se ha roto porque había leyes que permitían defender el estado de Derecho de cualquier amenaza que pusiera en peligro su integridad territorial, como eran los delitos de rebelión o sedición, hoy desparecidos de nuestro Código Penal por las cesiones de Sánchez al independentismo.

Hoy dar un golpe de Estado o declarar la independencia puede salir gratis porque el Estado se ha quedado sin mecanismos legales para castigarlos.