El Gobierno quiere desviar la atención sobre el “caso Koldo”, pidiendo responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal cometido por su pareja, cuando ni si quiera estaban juntos. Hoy el propio presidente del Gobierno en la sesión de control ha pedido a Núñez Feijóo que exija la dimisión de Díaz Ayuso después de la denuncia de la fiscalía, como si ambos casos fueran comparables.
La sesión de control ha vuelto a ser un rifirrafe entre los dos principales partidos a cuenta de la corrupción. Los populares querían hablar del “caso Koldo” y el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La corrupción vuelve a la actualidad política. Difícil se ha puesto la cosa para que ambos partidos retomen la negociación para la renovación del CGPJ, que lleva cinco años con el mandato caducado.
En cualquier caso, la responsabilidad de los delitos fiscales cometidos por el novio de Ayuso no son responsabilidad de Díaz- Ayuso sino de quien los ha cometido que será quien tendrá que rendir cuenta ante la fiscalía. Sin embargo, el Gobierno aprovecha todo el entorno familiar de la presidenta de la Comunidad para cargar contra ella. Primero fue su padre, después su madre, luego su hermano, cuya causa quedó archivada por la fiscalía anticorrupción y ahora su actual pareja.
Esto, sin embargo, deja una pregunta en el aire. ¿Deben los responsables políticos asumir las responsabilidades derivadas del entorno familiar? ¿Debe dimitir un político cuando algún miembro familiar cercano comete un delito?
Este caso también se ha querido comparar con el de Mónica Oltra, cuya ex pareja se encuentra en la cárcel por cometer abusos sexuales contra una menor tutelada, solo que en este caso, la ex vicepresidenta del Consell está investigada, figura legal que sustituye a la de imputada, por un presunto delito de encubrimiento de los abusos cometidos por su ex marido.
El nerviosismo del Gobierno es evidente, conforme va avanzando la investigación del “caso Koldo” y quieren poner el foco nuevamente en quien se ha convertido en la peor pesadilla del Gobierno y, especialmente, de Pedro Sánchez, como es Díaz- Ayuso. Es raro el debate en que no salga a colación la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que se ha convertido en blanco de todas las críticas para el presidente del Gobierno.
Escuchar a la portavoz del Gobierno Pilar Alegría, exigiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparezca de manera urgente para dar explicaciones, como si el caso le afectara a ella de manera directa, deja en evidencia a un Gobierno que sigue sin dar explicaciones convincentes sobre el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, donde hay varios ministerios implicados, además, de dos ex presidentes de CCAA gobernadas por el PSOE, como son Baleares y Canarias.
La trama parece que se va extendiendo a otras CCAA, como la valenciana durante la etapa del Botànic, donde el PP ya ha pedido que se investiguen los contratos que se hicieron en plena pandemia con empresas “fantasma” o inactivas por parte del Gobierno de Ximo Puig.
Hay que remontarse a los años de la pandemia cuando no había materiales de protección y la urgencia en conseguir estos contratos, relajó los controles de inspección.
