Ayer jueves fue un día muy triste para la inmensa mayoría de los demócratas de este país que han visto cómo se ha traicionado el espíritu de la Constitución y el Estado de Derecho, con una ley que deja sin efectos penales, lo que dictaron los tribunales de Justicia, tras el golpe de Estado perpetrado en Cataluña el 1-O.
El Gobierno junto con la extrema izquierda y los partidos independentistas han avalado con sus votos la ruptura del marco constitucional que nos dimos los españoles hace 46 años. Una norma de convivencia que ha servido para superar todos los conflictos y que, sin duda, ha servido para fortalecer nuestro sistema democrático, tras más de cuarenta años de dictadura.
Aunque el Gobierno se empeña en hablar de un “cierre de ciclo”, lo cierto es que la norma que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados no es un punto y final porque el objetivo para los partidos independentistas sigue siendo el referéndum de independencia. Ese es el único objetivo que tienen en mente y no pararán hasta conseguirlo. En todo caso, la ley de Amnistía es un punto y seguido, pero no un punto y final.
De momento, Pedro Sánchez ha cedido en todo lo que el independentismo le ha pedido, con tal de continuar en La Moncloa y visto los acontecimientos no parece que el referéndum pueda ser ningún obstáculo. Vestirán la mona como más les convenga, como han hecho con los indultos, la malversación y ahora con la Ley de Amnistía.
Este pesar que hoy sentimos muchos españoles, me consta que es compartido por muchos votantes y simpatizantes socialistas que no entienden el paso que ha dado el Gobierno, amnistiando a quienes subvirtieron el orden constitucional. El consenso en temas de Estado que ha habido históricamente entre los dos grandes partidos de este país, como son el PSOE y el PP se ha roto y esa fractura no va a resultar baladí y traerá consecuencias en cuestiones territoriales.
La democracia se basa en el cumplimiento de la ley. Sin Ley, no hay democracia posible y eso es lo que parece que quieren los independentistas.
El resultado que se ha producido en el Congreso de los Diputados es una derrota en términos democráticos porque allana el camino a quienes se saltaron la Ley, reconociéndoles que los equivocados hemos sido nosotros. La Ley de amnistía les da la razón.
El Sánchez de antes del 23-J no se parece en nada al Pedro Sánchez de después de los comicios electorales. Fracasada la investidura de Alberto Núñez Feijóo que fue el ganador de las elecciones, Sánchez tenía claro que quería ser presidente del Gobierno a cualquier precio.
El socio más incómodo era Junts, sobre todo porque Pedro Sánchez se comprometió a traer a España al fugado Puigdemont para ser juzgado por los tribunales de justicia.
El cambio de opinión de Sánchez y de la parte socialista del Gobierno para conseguir una mayoría parlamentaria que le asegurase sacar adelante la investidura, incluso con la derecha nacionalista catalana, no fue ningún obstáculo para redactar una ley, como es la ley de amnistía hecha a medida de Carles Puigdemont y del resto de condenados por el “procés”.
A pesar de su aprobación en el Congreso de los Diputados, a la ley le queda todavía un largo camino por recorrer, no solo en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta y tratara de dilatarla todo lo que pueda, con los comicios catalanes a la vuelta de la esquina, sino también en las instituciones europeas, donde el Parlamento europeo acaba de prohibir las amnistías e indultos por delitos de corrupción.
