La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz- Ayuso se equivocó en su primera comparecencia, presentándose como víctima de una inspección fiscal “salvaje” a su pareja por defraudar al fisco.
Le ha dado, sin quererlo, el mejor argumento a la izquierda para que pida su dimisión, no tanto por el lío que tiene su novio con la Hacienda Pública sino por haber mentido. Es difícil creer que el fisco le deba 600.000 euros en intereses a una persona que está siendo objeto de una inspección fiscal por no haber declarado los ingresos con los que se forró en plena pandemia como comisionista con la venta de mascarillas.
A la izquierda le viene de perlas el “caso Ayuso” para no hablar del “caso Koldo” que ya ha pasado a un segundo plano, incluso en los medios de comunicación, donde es raro el día en que Ayuso no acapare las primeras páginas de la política nacional.
Al tratarse de un fraude fiscal superior a 120.000 euros se considera delito y será un juez quien dictamine la condena y la multa que tiene que pagar sino llega antes a un pacto con la fiscalía. Pero más allá del fraude fiscal que haya cometido su pareja, Ayuso sí debe dar explicaciones por los 400 millones de euros asignados a Quirón Salud, principal cliente de González Amador. Porque esto sí que afecta a la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, Ayuso debería haber cesado a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez después de conocerse las amenazas vertidas contra un medio de comunicación y una periodista y los bulos difundidos contra periodistas de El País, acusándolos de haber asaltado la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, llegándose a difundir fotos de los periodistas. Esto me parece mucho más grave que el delito fiscal que se le imputa a su pareja. Obvia decir que MAR sigue en su puesto.
No habrá comisión de investigación como ha pedido la oposición porque el PP hará valer su mayoría absoluta, como ha hecho con el caso de las residencias de ancianos.
La mentira no está penalizada en la política sino que se lo digan a Pedro Sánchez, pero Ayuso debería rectificar. Soy de los que piensa que no se puede empapelar a alguien por las tropelías que cometa su pareja, que en todo caso tendrá que responder el propio afectado sobre los delitos que se le imputan.
De lo contrario a partir de ahora habrá que empezar a pedir el currículum vitae y el certificado de penales antes de iniciar cualquier aventura amorosa.
