Mi padre contaba solo con 13 años cuando fue detenido y enviado a una checa. Las checas eran las cárceles que utilizaban los republicanos para detener y posteriormente fusilar a los que se oponían a la República. Las Torres de Quart, donde mi padre estuvo preso durante un largo cautiverio fueron utilizadas como checas durante la Guerra Civil.

 Corrió mejor suerte que su hermano Gabriel que con 15 años fue fusilado. Mi abuelo, José Simó Marín, fundador de la empresa textil Paduana, fue fusilado en el picadero de Paterna el 1 de octubre de 1936. También su hermano Manuel Simó Marín, abogado, jefe regional del carlismo y fundador junto a Luis Lucia del Diario de Valencia.

Mi tío abuelo Manuel Simó Marín fue detenido en su casa de Ontinyent, donde la represión fue durísima y conducido al picadero de Paterna donde fue fusilado, junto a su hermano José Simó.

Mi familia era de derechas y católica. La persecución que sufrieron los católicos durante los meses previos a la contienda nacional fue brutal.

El 24 de octubre del 36, el comité revolucionario de la CNT y la UGT dictaba un bando en la ciudad de Xátiva donde se ordenaba a todos los vecinos que en el plazo máximo de cinco días depositaran en la plaza del pueblo más próxima, todos los objetos religiosos que tuvieran en sus casas, como imágenes, cuadros o estampitas. Las cadenas de oro debían entregarse igualmente al departamento de orden público del comité revolucionario.  El no cumplimiento de esta orden implicaba ponerse delante de un pelotón de fusilamiento.

Mi padre, sin embargo, nunca nos educó en el rencor. En casa se hablaba poco de la Guerra Civil. Sí recuerdo una anécdota que nos contó cuando yo era muy pequeño. Mi padre cuando tenía solo unos años de edad contrajo una enfermedad como era la meningitis que le afectó al habla y tuvo que ir a un colegio de sordomudos. Allí aprendió el lenguaje de los signos. Cuando estaba en la checa y le preguntaban cómo se llamaba, mi padre siempre decía el nombre de un compañero suyo del colegio que ya había fallecido. Buscaban a mi tío Pepe, el mayor de todos los hermanos. Afortunadamente, nunca lo encontraron.

La Transición fue un ejemplo modélico para recuperar la convivencia entre los españoles, tras una sanguinaria guerra fratricida. La legalización del PCE que auspició Adolfo Suárez fue determinante para conseguir esa concordia tan anhelada, tras cuarenta años de dictadura. En los primeros años de la democracia se podía ver en los escaños del Parlamento español a Dolores Ibarruri, La Pasionaria, Santiago Carrillo o Manuel Fraga Iribarne. Hay una foto histórica donde puede verse a Fraga y Carrillo, estrechándose la mano. Un gesto de la buena voluntad que había por ambas partes de pasar página y mirar al futuro.

Casi cincuenta años después se han vuelto a reabrir aquellas viejas heridas, mediante una ley de Memoria Democrática que solo habla de las víctimas de un bando.

La Memoria Democrática debería tener en cuenta a todas las víctimas. También a aquellas que fueron asesinadas en nombre de la República.

En la Guerra Civil se cometieron brutalidades por parte de ambos bandos.

Nadie, con un mínimo de rigor discute que el franquismo fue una dictadura y que el 18 de julio de 1936 se cometió un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, como era la Segunda República.

Claro que las víctimas del franquismo requieren una reparación moral y que sus familiares tienen todo el derecho para sacarlos de las cunetas para darles un entierro digno. Esto no debería ser objeto de discusión alguna. En este sentido, el PP se ha equivocado. Con Mariano Rajoy en el Gobierno, la entonces Ley de Memoria Histórica se quedó sin asignación económica y se paralizaron las exhumaciones.

Una ley que debería haber contemplado también a las víctimas del terrorismo etarra, donde todavía quedan por esclarecer más de 370 asesinatos y continúan celebrándose  los homenajes a presos etarras.

La Ley de Memoria Histórica, ahora llamada Democrática, que el PP y Vox quieren derogar, no ha sabido aglutinar todas las sensibilidades que deberían estar presentes en una ley que busca dignificar a las víctimas.

Una ley de estas características por la significación que tiene requiere de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, como lo hubo durante la Transición en tiempos más difíciles que ahora porque salíamos de una dictadura, donde izquierdas y derechas fueron capaces de ponerse de acuerdo, con un objetivo común: la concordia entre españoles. Aquel espíritu del 78 se ha roto y va a ser muy difícil que vuelva a estar presente en la vida política española.