El Gobierno ya ha anunciado que recurrirá ante las instancias europeas y el Tribunal Constitucional, la Ley de Concordia que quiere aprobar PP y Vox en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades donde gobiernan en coalición, como Baleares o Castilla y León.
La Ley de Concordia quiere ampliar el periodo de reconocimiento de las víctimas desde la instauración de la Segunda República en 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las víctimas del terrorismo etarra y del islamismo.
Excluye el término dictadura para referirse al periodo franquista. Ser rigurosos con la historia y llamar a las cosas por su nombre, como decir que los cuarenta años que vivió este país fueron una dictadura franquista, empaña de nuevo una ley que no nace del consenso, como tampoco lo fue la ley de Memoria Democrática, apoyada por la izquierda y la extrema izquierda en el Congreso de los Diputados, con el rechazo del primer partido de la oposición y de la extrema derecha de Vox.
Desde mi punto de vista hubo cierta precipitación por parte del Gobierno, seguramente presionado por sus socios de Unidas Podemos y EH Bildu, para aprobar esta ley, sin el consenso necesario. Era necesario que los dos principales partidos del arco parlamentario se pusieran de acuerdo en una ley que sigue levantando muchos enfrentamientos y viejas heridas que ya se creían cicatrizadas, como se encargó de cerrar la Transición. El éxito de este periodo de la historia fue el consenso. Algo imposible de imaginar en los tiempos actuales donde la polarización preside la vida política española. Ojala, fuéramos capaces todos de volver a aquellos años de consensos y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, algunas tan antagónicas como el PCE y la entonces Alianza Popular de Fraga Iribarne.
Ahora es el PP y Vox quienes pretenden cambiar una ley por otra, también sin el consenso necesario que requiere una ley de estas características que sigue despertando muchas sensibilidades.
Vox sigue negándose a aceptar la historia y a calificar de dictadura el franquismo o de golpe de Estado, lo que ocurrió el 18 de julio de 1936, prefieren hablar de alzamiento nacional o de calificar los cuarenta años de dictadura de democracia orgánica. Una democracia donde no había libertad ni partidos políticos ni organizaciones sindicales, salvo el sindicato vertical al cual era obligatorio afiliarse ni se podía ejercer el derecho al voto.
La palabra concordia tiene un significado de conformidad, consenso, unión, que tampoco es capaz de recoger esta ley.
La Ley de Memoria Democrática contenía en su redacción elementos muy positivos como recoge en su preámbulo: “La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia”.
Conceptos difíciles de imaginar en la nueva Ley de Concordia de la mano de Vox. Si no empezamos por reconocer nuestra propia historia es complicado ponerse de acuerdo en lo sustancial que son las víctimas.
