PSPV y Compromís vendieron ayer como éxito el acuerdo que han alcanzado para impulsar de forma definitiva el anunciado proyecto para eliminar del parque Ribalta la «cruz franquista», pero en el trasfondo queda una seria discrepancia -una más- sobre el procedimiento a ejecutar. Faltaban pocos minutos para iniciar el pleno ordinario cuando se llegó a un acuerdo in extremis, que deja a un grupo socialista liberado de la responsabilidad y al de Compromís cogiendo el toro por los cuernos, sabiendo también que se asoma a una batalla legal, con entes vecinales y políticos, amenazadora.
La solución es clara: la Junta de Gobierno, en la que están los representantes políticos de los dos partidos, delegará en la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, la competencia para iniciar el expediente de retirada de la cruz. Así lo querían los socialistas, y así lo ha asumido Compromís. En el trasfondo está, sin duda, la posibilidad de que algún colectivo se querelle, riesgo que no quería asumir el PSPV, pero que acepta la concejala de Cultura. En el horizonte está, sin duda, la complicada situación política que vive en la actualidad la vicealcaldesa, Ali Brancal (Compromís), que está investigada en un juzgado a raíz de una querella del PP por presunta malversación de fondos y que, según queda recogido en el Código de Buen Gobierno del ayuntamiento, debería renunciar a sus cargos -manteniendo su acta de edil- hasta la resolución final de la investigación judicial. Verònica Ruiz dejó ayer claro que es consciente de ello, pero se mostró contundente: «La responsabilidad la tengo ahora yo y es algo que me encanta. No tengo miedo».
Hasta este nuevo acuerdo entre PSPV y Compromís, era la Junta de Gobierno la responsable de aplicar la Ley de Memoria Histórica. Ahora será la Concejalía de Cultura la que lo active, una vez recibida esa delegación, que aún debe aprobarse. Con ello, según explicó anoche tras el pleno Verònica Ruiz,tendrá que iniciarse la redacción de un informe jurídico sobre la aplicación de la Ley, que deberá dictaminar que debe retirarse la cruz del parque Ribalta. Será entonces cuando se abrirá un periodo de alegaciones «para que todos los que estén interesados» aporten sus opiniones en contra de la retirada.
De forma paralela, el ayuntamiento remitirá a la Conselleria de Cultura los dos proyectos urbanísticos ya redactados: el de ampliación del parque y el de la retirada del monumento -que conlleva otro de actuaciones arqueológicas en la zona-, proyectos que deben recibir el visto bueno de la conselleria.
Cuando esta fase está ya resuelta, será el momento en el que el ayuntamiento deberá ejecutar las dos actuaciones urbanísticas, que serán activadas en este caso por el área que gestiona el concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó. El procedimiento, que parece que ya no tiene marcha atrás, deberá ir sorteando la siempre densa burocracia, pero Verònica Ruiz confía en que el monumento franquista esté fuera del parque antes de que acabe el actual mandato. Y sobre el futuro de la cruz, la concejala lo tiene claro. No se restituirá en ningún punto de la ciudad, «irá directamente a un almacén y, si algún día se crea en esta ciudad el Museo de los Horrores, allí estará».
Moción de CseM
Este acuerdo llegó antes de un pleno que debía debatir una moción impulsada por CseM -pero enmendada por PSPV y Compromís- para la «retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta». El discurso más emotivo lo dio el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, que arrancó las lágrimas de Verònica Ruiz, y las suyas propias. Del Señor habló de Rosario, su abuela, que vio a su padre por última vez en agosto de 1936 al llevárselo la Guardia Civil. «Sus profundas convicciones religiosas le ayudaban a sobrellevar la pérdida de su padre. Rosario mantuvo inquebrantable su fe en Cristo hasta el final de sus días, pero cada vez que veía una Cruz de los Caídos como la del Ribalta, siempre decía que bajo esa cruz no podía haber ningún Dios». En este contexto, Del Señor exigió al PSOE que se «deje de cálculos electorales y cumpla con la Ley de Memoria Histórica», señalando que «cuando se sientan amenazados por la posibilidad de una querella de la ultraderecha, recuerden que muchos de los suyos se dejaron la vida en ello».
El portavoz del PSPV, Rafa Simó, quiso dejar claro que su partido está por cumplir la Ley de Memoria Histórica, pero también por «la legalidad». Reconoció las «discrepancias» con Compromís en la ejecución del proyecto al insistir en que era «un tema de Memoria Histórica y no de Urbanismo», y habló de una actuación que hay que ejecutar por «decencia y dignidad».
Desde el PP, Vicent Sales advirtió de posibles incumplimientos de la Ley, hablando incluso de un posible «delito de odio religioso por la retirada de la cruz». Recordó al respecto que el monumento «ya no exalta el franquismo» desde el acuerdo plenario de 1979, en el que se «resignificó el monumento para dedicarlo a todas las víctimas de la violencia». Un discurso similar al del portavoz adjunto de Ciudadanos, Vicente Vidal, quien defendió que la cruz, en la actualidad, es un mero símbolo religioso. El pleno, finalmente, aprobó una declaración institucional de condena unánime de cualquier pintada en el monumento. La última, ayer mismo con alusiones a la alcaldesa de Castelló.
