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Los cementerios cobran estos días una vida especial, aunque hay algunas sepulturas en las que no habrá flores y, posiblemente, nadie se detendrá. Tal vez porque ninguna persona que, en vida, hubiera conocido al difunto, sabe que está enterrado allí. La normativa de policía mortuoria establece la obligación de un ayuntamiento de dar sepultura a cualquier persona sin recursos que fallezca dentro de su término municipal y, al margen de los indigentes, la presencia de un hospital en el municipio, que tantas ventajas comporta, juega en este caso a la contra. No son muchos los casos que se dan, pero los hay.

El Ayuntamiento de Alzira ha tenido que hacer frente en los últimos tres años (de 2007 a 2009) a la inhumación de ocho cadáveres con un coste total de 5.408 euros. Siempre ha tenido asumida la obligación de costear el entierro de indigentes que por cualquier motivo fallecen en Alzira o de residentes que mueren rodeados de miseria y, de hecho, en su momento, la concejalía de Sanidad llegó a un acuerdo con una funeraria para realizar este tipo de entierros por un precio reducido de 676 euros, utilizando los denominados nichos de beneficencia que el consistorio dispone para este fin. No obstante, según relata la concejal Mercedes Bañeres, el año pasado se detectó que la mayoría de avisos que llegaban del hospital por el fallecimiento de personas sin recursos correspondían a gente que nada tenía que ver con Alzira, por lo que se buscó un acuerdo que permitiera repartir estos gastos. Tras un primer intento fallido para hacerlo a través de la Mancomunitat de la Ribera Alta, según indicó Bañeres, se alcanzó un acuerdo verbal a tres bandas con Carlet, donde se encuentra el geriátrico público más grande de España con más de 400 residentes y de donde suelen proceder algunos de los difuntos.

"El año pasado dio la casualidad de que dos personas eran de la residencia de Carlet", recordó la concejal alcireña, mientras señalaba que el acuerdo consiste en que Carlet asume dar sepultura a un máximo de cuatro personas al año procedentes de la residencia-al parecer nunca se han llegado a estas cifras- mientras que si en algún momento dado se superara, correspondería hacerse cargo al Ayuntamiento de Alzira. Desde el consistorio de Carlet, la edil Laura Sáez comentó que su labor había consistido en mediar con la residencia para buscar un acuerdo satisfactorio para todos y en el que, según dijo, fue el propio geriátrico el que ofreció la solución ya que el consistorio de Carlet no asume ningún coste. Al parecer, este año no se ha registrado todavía ningún caso.