10 de abril de 2011
10.04.2011
Empadronamientos irregulares

La impunidad en el censo

La falta de consecuencias legales ante las denuncias presentadas hace cuatro años sobre presuntas irregularidades en los censos municipales —que en algunos casos concedieron alcaldías— hace que, de nuevo, ante la llegada de elecciones, vuelvan a darse casos de empadronamientos bajo sospecha.

10.04.2011 | 03:01

No son pocos los censos municipales que vuelven a estar bajo sospecha en la Comunitat Valenciana ante la convocatoria de elecciones municipales. Si en 2007 un sólo voto de diferencia decidió la alcaldía de alguna localidad, pese a la denuncia lanzada de irregularidades en el censo, cuatro años después vuelven a repetirse casos de extraños empadronamientos. Un pino, la casa del cura abandonada o el propio consistorio, por no hablar de un aumento injustificado de familiares en la casa del alcalde, vuelven a ensombrecer la legalidad electoral.

REQUENA-UTIEL

El INE detecta irregularidades
En las comarcas del interior son 6 las poblaciones en las que el Instituto Nacional de Estadística (INE) detectó aumentos sospechosos en el censo: Cortes de Pallás, Chera, Villargordo del Cabriel, Dos Aguas, Siete Aguas y Zarra. Estas tres últimas son reincidentes. Siete Aguas fue el primer caso de manipulación irregular en el censo que se denunció en el interior. Un mes antes de las elecciones de 1999, EU y PSOE denunciaron un presunto aumento del censo , acusando al entonces alcalde, Guillermo Zahonero (PP) de inscribir 450 personas que no residían en la población y aparecían en el padrón. La Junta Electoral de Zona remitió la demanda al juzgado de Requena, que finalmente la archivó por falta de pruebas. De 450 censados denunciados más de un centenar estaban inscritos con domicilios de casas de allegados al alcalde. También hubo censados con residencia en corrales y otras 28 personas fueron dadas de alta en una misma casa que tenía 80m2 de superficie. De estas casas algunas era inhabitables y carecían de servicios básicos como agua y luz.
En Dos Aguas las primeras sospechas de empadronamientos ilegales comienzan en las municipales de 2003 aunque no es hasta 2007 cuando se producen las primeras denuncias. Dos meses antes de las municipales de mayo de ese año PP y PSOE denuncian, cada uno por su lado 117 altas irregulares en el censo local además de 20 bajas realizadas por el alcalde, José Ramón Grau (UV), sin el consentimiento de los titulares. Desde el enero de 2005 a abril de 2007 el padrón electoral pasó de 387 votantes a 509. Según los denunciantes desde meses antes de las elecciones se habían censado a más de un centenar de personas, 9 de ellas en casa de unos familiares del alcalde, 15 comunitarios en una casa sin agua y luz.
Un mismo vecino inscribió a otros 25 comunitarios en dos tandas. En dos domicilios diferentes, ambos abandonados y sin condiciones de habitabilidad. Otra caso similar fue el de 6 personas dadas de alta en una casa de similares características. Al igual que es Siete Aguas estas personas acabaron desapareciendo del censo. En Abril de 2007 el censo de votantes de la localidad era de 514, en abril de 2010 descendió a 382 para legar a los 538 que podrán votar en las próximas municipales. Mientras que en las de 2007 la mayoría de los empadronados eran comunitarios, los de ahora son gente de municipios próximos a Dos Aguas y nacidos o descendientes que dejaron la población, según fuentes del PSOE, que presentará el próximo lunes la impugnación al censo. La denuncia presentada por PSOE y PP sigue delante de hecho en octubre de 2010 se practicaron las últimas declaraciones. En los meses previos a las municipales de 2007 el PP de Zarra presentó una denuncia contra el alcalde de la localidad, Juan José Rubio por inscribir en el censo, presuntamente de forma irregular, a 47 personas.
La denuncia fue archivada dos veces en los juzgados de Requena. Hasta que llegó a la audiencia Provincial de Valencia, que ordenó la apertura de juicio oral contra el alcalde por estos empadronamientos. En estos momentos Juan José Rubio recurrió la apertura de juicio oral, mientras que la Fiscalía, pidió que se amplíen las investigaciones antes de comenzar el juicio. En su auto los tribunales manifestaron que en Zarra que hay «casos de empadronamientos en viviendas que no lo son, pues se trata de edificios inhabitables y en ruinas o naves industriales». La resolución de la Audiencia precisa que más de una decena de testigos que están censados en Zarra confesaron en el juzgado que no viven allí y explicaron que se empadronaron para conseguir la adjudicación de pastos o cualquier otro tipo de favor. Y considera que la investigación debe continuar abierta «a la vista de que la población de Zarra era de poco más de 300 habitantes» y una treintena de «familiares del alcalde o de funcionarios del ayuntamiento se dieron de alta sin vivir en el municipio».

LA MARINA

L´Atzúvia a examen
En las últimas elecciones, el Bloc de l'Atzúvia denunció ante la Junta Electoral de Dénia que se había engordado el padrón del municipio. Este partido detectó una veintena de personas empadronadas en lugares insólitos, como el consultorio médico o una vivienda en construcción que todavía hoy no está acabada y que es ilegal. Además, otras dos personas estaban empadronadas en la vivienda del entonces alcalde del PP, Manuel Reig, quien ocupó el cargo desde 1979 hasta que falleció en junio de 2009. La denuncia de esas irregularidades quedó en nada. Sus promotores lamentaron luego no haber acudido al juzgado. Ahora, según ha podido saber este diario, la oposición de l'Atzúvia está pendiente de poder consultar el censo. No quieren que se repita la experiencia de hace cuatro años. En este municipio, de 668 habitantes, en el que en los últimos comicios el PP obtuvo 209 votos (4 concejales) y el Bloc 148 (tres ediles), una veintena de votos puede influir mucho en el resultado electoral.

CASTELLÓ

Se extrema la vigilancia
El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha anunciado que «extremará» la vigilancia tras detectar que los dos municipios en los que más extranjeros quieren votar son precisamente en la Vall d´Alba y Sant Jordi, poblaciones cuyos alcaldes son dos vicepresidentes de la diputación, Francisco Martínez, y Luis Tena, respectivamente, y donde en las últimas elecciones se han registrado irregularidades en los censos.
Así se desprende del informe elaborado por el secretario de organización, Francisco Valverde, y que ha remitido a todo el partido para «supervisar con lupa cualquier irregularidad que se pueda detectar en los censos, ya que mientras en la media de toda la provincia sólo un 16% de los extranjeros empadronados han solicitado formalmente votar, en estos municipios este porcentaje se multiplica casi por cuatro». Cabe recordar que en el caso de Vall d´Alba el «escándalo ha sido nacional, ya que se ha empadronado a extranjeros en viviendas inhabitadas, e incluso en casas en las que los propios propietarios lo desconocían«, según el PSPV. Francesc Colomer ha mantenido varias reuniones con responsables del Instituto Nacional de Estadística para solicitar máximo celo, porque considera «muy graves» las irregularidades detectadas en los censos en los últimos años.
El análisis de las necesidades de vivienda protegida, documento que no constaba entre los que se expusieron al público durante la fase de información pública del Plan General de Ordenación Urbana de la Pobla de Benifassà –y que incluye a los núcleos de Fredes, Boixar, Coratxà, Bellestar y la Pobla- concluye en su estudio de la población que «algunas personas empadronadas en los municipios, en realidad habitan en otras poblaciones».
Esta práctica, ante el alarmante incremento del censo en los meses previos a las elecciones locales, ha sido denunciada por los grupos de la oposición (PSPV, PP y Units per la Tinença) ante la dirección provincial del INE.
El documento explica que estos municipios tenían en 1910 un total de 2.100 personas viviendo. Hoy son unos 250 los censados según el INE, de los cuales residen unas 100 personas. El resto se reparte entre descendientes de la zona, habitantes ficticios de la zona que sólo acude en esporádicas ocasiones, fiestas locales o verano. El concejal de Iniciativa en Cabanes, Carles Mulet, recordó ayer que el pasado 28 de febrero presentó una denuncia ante la Oficina del Censo Electoral –Instituto Nacional de Estadística– para que se comprobara si continuaban de alta las personas «sospechosas, cuatro años después de la manipulación del censo electoral del municipio». Mulet recordó que en la antesala de los pasados comicios «decenas de personas se empadronaron en el municipio, en domicilios de dirigentes del PP y de familiares del alcalde.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Heráldica

Los mejores restaurantes en Valencia

¿Conoces la historia y los orígenes de tu apellido? Visita nuestro canal de Heráldica y descarga tu lámina. Si no encuentras tu apellido, pídelo gratis.