El presidente de la promotora pública Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa) y alcalde Lorenzo Agustí ha convocado para hoy un consejo de administración extraordinario en el que se aprobará la solicitud del concurso de acreedores ante la "situación de insolvencia" de la sociedad pública, según consta en el orden del día.

Si hace un mes la Sumpa se vio obligada a rebajar la jornada laboral de sus once empleados en un 70 por ciento, durante un plazo de seis meses, la asfixia financiera provocada por la falta de crédito de los bancos -son los únicos acreedores que tiene la firma- ha llevado a la práctica disolución de la empresa que se dedicó a la promoción del suelo público y la construcción de vivienda protegida.

La gerente comunicará a los consejeros de la Sumpa la intención de presentar el concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley Concursal, de tal forma que se dé inicio a las negociaciones con los acreedores para encontrar una solución viable para la empresa pública. Ayer, durante el debate en el pleno de una nueva moción de Compromís per Paterna para que se fusionaran las empresas públicas Sumpa y Gespa (Gestión de Servicios de Paterna), el alcalde Agustí reconoció que la promotora acabaría en la disolución, tras advertir el concejal de Hacienda, Manuel Palma, que la fusión de ambas sociedades era inviable por las deudas de la Sumpa que heredaría la Gespa, así como por los objetos sociales. La portavoz de Compromís, Loles Ripoll, recordó al PP que hace meses les contestó que se estaba estudiando la fusión de las dos firmas públicas. Ripoll retiró la moción para presentarla ante la Junta General de la sociedad. Puede que sea demasiado tarde ante la propuesta del concurso de acreedores que se debe aprobar en la mañana de hoy.La realidad actual de la Sumpa, para la que se aprobó un presupuesto de 15,7 millones en 2012, es su falta de actividad. De ahí que intentara sobrevivir con una reducción de los sueldos y jornada laboral de los empleados. La promotora local ya se vio obligada a tomar esta medida ante el parón de su actividad de promoción desde hace meses por el estallido de la burbuja inmobiliaria y el cierre del crédito bancario a los proyectos que debía iniciar, al tener ya terminados todos los trámites administrativos para la colonia militar (240 casas) y un edificio de viviendas protegidas en el sector Molí del Testar.