Decenas de vecinos de Calicanto marcharon este fin de semana por las calles de la urbanización para exigir el cese del pago de unos recibos que consideran «ilegales», pertenecientes a un servicio de seguridad privada. Convocados por la Asociación de Vecinos Santo Domingo y San Miguel, la protesta clamó contra un grupo de propietarios que exige el abono de estos servicios y que ha llevado a juicio a varios residentes que se han negado a pagarlos.
«A pesar de que en 1999 entró en vigor una ley por la que los ayuntamientos recepcionaron sus urbanizaciones, y por lo tanto, comenzaron a cobrarnos IBI y el resto de impuestos como a cualquier otro ciudadano, este grupo de propietarios sigue insistiendo en que paguemos un servicio de vigilancia privada», denuncia Rosario Pérez, presidenta de la asociación.
«No tenemos porqué hacerlo. Nuestras calles son vías públicas, no es una urbanización cerrada, de hecho pasa una comarcal por aquí, así que es ilegal que las vigilen agentes privados. Debe ser la policía local, la que pagamos con nuestros impuestos», añade Carmen, otra residente.
Los vecinos lamentan que juzgados como el de Requena hayan dado la razón en algunos litigios a este grupo de propietarios «que no son una asociación de vecinos legalmente constituida», esgrimen. Otros, como los de Torrent o Valencia, se han pronunciado a favor de los habitantes que se niegan a pagar. Mientras, lamentan el papel de «connivencia» de los ayuntamientos de Torrent y Chiva, quienes „según su versión„ permiten que un grupo de personas nos obliguen a pagar algo ilegal».
