Los ciudadanos de Gandia no van a ganar para disgustos cuando tengan que padecer las consecuencias de una deuda municipal que no hace más que incrementarse. Ayer, para sorpresa general, el Gobierno local del PP reveló que la empresa Iniciatives Públiques Gandia, de la que el ayuntamiento es su socio único (IPG), ha pasado en dos años de tener una deuda acumulada de 40 millones, según el dato de 2011, a los 63,7 millones a fecha de 31 de diciembre de 2013.
Este desastre económico de la empresa de todos los gandiense es de tal envergadura que solo en facturas impagadas a proveedores se han acumulado 16,3 millones de euros, y los bancos han exigido el pago de las cuotas de préstamos contraídos por IPG por valor de 29,2 millones de euros.
Si IPG se disolviera ahora mismo y vendiera todo lo que tiene, aún se quedaría con una deuda de casi 40 millones de euros.
Este desastroso balance se conoció ayer durante una Junta General tensa en la que el alcalde, en calidad de presidente de IPG, reconoció, ante las durísimas críticas de la oposición, que IPG es «una empresa putrefacta» y que su intención sigue siendo cerrara. Pese a eso, Torró aseguró que no puede liquidar la empresa porque un informe del interventor se lo impediría.
