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Sanción

Multa de 1.500 € cada 20 días que pasen sin que el presidente de la Vall deje la insumisión

La mancomunidad dice al juzgado que claudicará, pero pide que le diga cómo ceder la gestión de la basura

El juzgado de lo contencioso nº 7 de Valencia ha castigado con una multa coercitiva al presidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida por el incumplimiento reiterado de las medidas cautelares que emplazan a la entidad a ceder el control sobre el tratamiento y la eliminación de las 30.000 toneladas de basura que generan los 34 municipios de la comarca al Consorcio de Residuos (COR), creado por la Generalitat.

El último auto en el marco del litigio abierto que enfrenta a ambos organismos fue dictado el 25 de junio. Ese preciso día se produjo un punto de inflexión en el discurso de Juan Puchades (PP), que, tras el último pleno de la institución, manifestó su voluntad de claudicar y de iniciar la vía para resolver el conflicto ante la sombra de un posible proceso penal que desemboque en su inhabilitación. Después de dos años de rebeldía, la Mancomunitat ha comunicado al juez la intención de cumplir con las resoluciones dictadas, pero primero aguarda una respuesta que explique con precisión «cómo y de qué manera» ha de proceder, según exponen fuentes conocedoras.

Ante los constantes movimientos dilatorios del ente, el auto judicial advierte de que la multa impuesta a su presidente, de 1.500 euros, «será reiterada cada 20 días, hasta la total ejecución del fallo judicial», sin perjuicio, añade, «de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiera lugar». El magistrado titular requiere a Puchades para que en el plazo de 20 días, en cumplimiento del auto dictado, proceda a «transportar y depositar los residuos de la Mancomunitat en la planta de transferencia de Ròtova, designada por el Consorcio del Plan Zonal de Residuos», bajo amenaza de «deducir testimonio de las actuaciones para su posterior remisión al Ministerio Fiscal», que podría exigir responsabilidades penales al alcalde de Benigànim por desobedecer las medidas cautelares ratificadas en abril.

Hace unos meses, la Generalitat ya notificó una multa de 10.000 euros al ente comarcal por infringir la ley. El letrado de la Mancomunitat informó en el pleno del pasado lunes del escasísimo recorrido judicial que les queda a los alcaldes partidarios de continuar con el modelo actual.

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