El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria denunció ayer que 24 edificios públicos de la localidad no tienen la obligatoria licencia de actividad. Un informe municipal encargado por el gobierno tripartito (PSPV, Compromís y EU) revela«la permisividad del anterior gobierno local encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular», ya que esta situación se produce desde hace años. El actual gobierno local ha encargado ya un informe a cada departamento municipal para evaluar el procedimiento administrativo necesario que permita regularizar el estado de cada edificio público», anunció ayer el ejecutivo local.
Al expediente abierto con el campo de tiro público «El Túria» que ha derivado en el cierre indefinido de las instalaciones mientras no se regularice se suman otros edificios públicos como el ayuntamiento, las instalaciones de la policía local y del retén del polígono El Oliveral, la agencia de desarrollo local, el almacén municipal, el cementerio, el mercado, el pabellón deportivo, el estadio de fútbol, el parque Maldonado, la casa de cultura, el auditorio, el centro ocupacional y los colegios Cervantes, Eres Altes, Mas d'Escoto, la Mallà y els Pins, entre otros.
La ausencia de la licencia de actividad en un edificio público o privado significa que «los técnicos municipales no han verificado si las citadas instalaciones disponen de las pertinentes medidas de seguridad y salidas de emergencia correctas ante cualquier tipo de accidente o anomalía. Sin embargo, los 24 edificios cuestionados carecen de la licencia para desarrollar la actividad prevista ya que los técnicos del ayuntamiento no han supervisado si el proyecto técnico inicial se ajusta al permiso de obras concedido. En algunos de los edificios irregulares hallados será difícil conseguir la licencia de actividad por su peculiar singularidad y los problemas que ello supondrá», añadió el equipo de gobierno.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que la situación de los edificios «es una nueva sorpresa con que nos hemos encontrado el actual gobierno al entrar en el gobierno y que describen la forma de funcionar y proceder del anterior ejecutivo cuyo interés por cumplir la legalidad era nulo, con una dejadez e incompetencia notable y una pérdida de la credibilidad ante la opinión pública enorme ya que cómo vamos a exigir a las industrias, comercios y tiendas que cumplan la ley si el ayuntamiento es el primero que no la cumple a pesar de ser el garante de la misma».
