La revolución de los primeros cien días de los nuevos gobiernos de la Marina Alta ha sido más simbólica que real. Los alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, y de Ondara y Gata, Zeus Serrano y Magda Mengual, ambos de Compromís, anunciaron que no irían a las procesiones. Rompían con una tradición que venía de largo. Y no era sólo por subrayar que los ayuntamientos son aconfesionales. El gesto también buscaba despolitizar las fiestas. En Dénia, Grimalt y sus socios de Compromís se afanaron en firmar un pacto antidesahucios, bajarse los sueldos, poner en marcha un portal de transparencia y cumplir la reivindicación ciudadana de que los vecinos pudieran preguntar en los plenos. El nuevo gobierno también aprobó un presupuesto con más carga social y ahora ha cambiado las ordenanzas fiscales para bonificar el impuesto de construcciones y obras a las empresas que creen empleo. El mandato ha comenzado con la urgencia de reforzar los proyectos comarcales. Este verano, tras muchos años, cuatro pueblos se han vuelto a quedar sin agua potable. A Teulada y Benitatxell, les pilló por sorpresa que Xàbia, apurada por la sequía, les cortara la venta de agua de su desaladora. Mientras, Xaló y Llíber han padecido restricciones dado que sus redes de suministro son antiguas y pierden mucha agua. En Xàbia, el arranque del mandato de José Chulvi (PSPV) ha servido para recuperar la antes distante relación con Dénia (ambos pueblos han firmado un pacto por el Montgó) y para rescatar el proyecto de la piscina cubierta. Para el alcalde de Calp, el popular César Sánchez, ha reagrupado a la derecha de su municipio, que estalló en pedazos con el caso Brugal (el anterior alcalde, Javier Morató, imputado en esta causa, abandonó el PP y fundó Alternativa Popular). Sánchez, que empezó a gobernar en minoría, ha pactado con Alternativa (Morató ya está fuera) y con su feroz enemigo en el anterior mandato, Pedro Jaime Fernández, de Gent de Calp.
