La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha condenado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al pago de 879.340 euros a los propietarios de unos terrenos que expropió a finales de los años 70 aunque hasta la fecha no ha abonado ante el desacuerdo entre el consistorio y los dueños de los solares. Los 58.000 metros cuadrados de suelo se destinaron entonces para construir un parque en la zona de Montealcedo.
La familia propietaria había pedido como medida cautelar el pago de la expropiación a la espera de que el TSJ se pronuncie sobre el recurso que en su día interpusieron ambas parte contra el dictamen de la Junta Provincial de la Expropiación que valoraba los terrenos en 1,6 millones de euros.
Mientras un informe técnico del Ayuntamiento de Riba-roja tasaba los terrenos en los 879.000 euros, la familia propietaria cifraba en 6,7 millones su precio real. Al tiempo el citado tribunal de la expropiación zanjaba la cuestión con una cantidad intermedia de 1,6 millones de euros que fue recurrida por el propio consistorio en mayo de 2015, a pocas semanas de las elecciones municipales, al considerar elevado este precio.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria podría volver a ser condenado si prospera el recurso contencioso-administrativo formulado por los herederos de la familia propietaria de los terrenos que reclaman una valoración adecuada al precio de mercado de los mismos basados en su extensión global.
El auto del TSJ valenciano recuerda de que en su día se debió fijar en el presupuesto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria «el reconocimiento del pago del justiprecio, que es lo que ahora se reclama, por lo que ya debe estar de sobra reconocido; no se comprende por qué se desestimó el recurso de reposición pudiendo minorar el pago de lo debido».
Informe en la línea del TSJ
Un informe municipal conjunto de la interventora y de la tesorera, en la misma línea, destaca que el citado pago se refrendar, a continuación, mediante un acuerdo del pleno de la corporación a través del pertinente reconocimiento extrajudicial, por lo que «dadas las fechas actuales» el presupuesto de aplicación será el correspondiente al ejercicio de 2016 con la previsión de créditos iniciales o las oportunas modificaciones presupuestarias.
