El juzgado número 9 de lo contencioso administrativo de Valencia ha anulado la multa de 105.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Sagunt a los propietarios de un inmueble en la calle Mayor por la ilegalidad urbanística cometida en la reforma de su vivienda. Y el motivo no es porque el juez rechace los argumentos municipales que consideran que esa remodelación no se ajustaba a la licencia de obras y al plan especial de Ciutat Vella, si no porque la resolución sancionadora municipal se amparaba en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) y no en la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que es sobre la que tiene competencia el consistorio.
En su argumentación, el magistrado concluye que la infracción de seis epígrafes del artículo 41 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Sagunt «no tiene encaje en el ámbito de la LPCV. Al contrario „añade la sentencia„ se trata de obras ejecutadas sin ajustarse al ordenamiento urbanístico municipal, cuya tipificación y tramitación procedimental debe efectuarse por las normas generales de la LUV». De esta forma, el fallo considera que las resoluciones del Ayuntamiento de Sagunt «no se ajustan a derecho» y le impone las costas del procedimiento judicial.
Los antecedentes de este caso se remontan a septiembre de 2006, cuando los propietarios del inmueble obtuvieron la licencia municipal para ejecutar las obras de remodelación interior de su vivienda. Año y medio después, la denuncia de un vecino alertó a los servicios técnicos del consistorio, al considerar que la actuación no se había ajustado al permiso, como corroboró el ayuntamiento, aunque, en un primer momento, pretendió que la Conselleria de Cultura asumiera las competencias en el caso hasta el punto de reclamarlo por vía judicial.
