El serial de más de tres décadas del complejo de apartamentos l'Ancora, situado en primera linea de playa de la Pobla de Farnals, sigue ofreciendo nuevos capítulos. El último ha sido la decisión del juzgado de lo Contencioso nº2 de València de unir en un solo procedimiento todos los contenciosos que se han presentado en los últimos dos años contra el proceso de venta forzosa del edificio, en estado de ruina y abandono. El ayuntamiento ha emitido una resolución en la que comunica a cualquier propietario afectado, que si tiene alguna alegación debe sumarse a la única causa abierta.
Su historia se remonta a principios de los ochenta. Una promotora inició la construcción de un inmueble de cinco alturas situado en el paseo marítimo, pero lo hizo sobre una parcela que el PGOU tiene catalogada como de uso terciario y no residencial para apartamentos privados como pretendía. La empresa abandonó los trabajos, dejando colgados a sus 80 futuros propietarios.
Fueron pasando los años. El edificio se degradaba, se convertía en víctima fácil del expolio y las pintadas, afeando la fachada litoral. Todavía bajo el mandato del PP de José Manuel Peralta, se tomó la decisión de encontrar una salida. El nuevo alcalde, el socialista Enric Palanca, siguió el proceso a partir de mayo de 2015.
En diciembre de 2018, el pleno aprobó iniciar la venta forzosa mediante subasta del edificio. Primero se debía abrir un periodo de audiencia y posteriormente aprobar los pliegos que regirían todo el proceso. En principio, se puso la cantidad de 1,5 millones como precio de salida, de los cuales, alrededor de 500.000 - el 30%- reportarían en el consistorio y el resto en los propietarios.
Aquí vino el primer problema. Dos sociedades y un particular presentaron sendos contenciosos contra el acuerdo municipal, principalmente por un tema económico. Los afectados consideraban que el reparto de la futura ganancia no era el correcto y cuestionaban la propiedad de unas parcelas dentro del perímetro, que el consistorio asegura que son públicas.
En abril de 2019, una vez finalizados todos los plazos administrativos, el pleno de la Pobla de Farnals desestimó las alegaciones presentadas por los propietarios y aprobaba los pliegos definitivos para la venta forzosa de l'Ancora: un precio de salida de 1.549.054 euros, y la ganadora dispondría de 24 meses para finalizar la obra de restauración del edificio y convertirlo en un apartahotel.
Esta nueva decisión también llevó aparejada la presentación de otros cuatro contenciosos, por parte de sendas sociedades. Al final, según fuentes solventes, se trata de empresas que tiene un mismo cabeza visible, dos como mucho. Los nuevos recursos presentados en el juzgado llevaban aparejados la petición de la suspensión cautelar del proceso.
El ayuntamiento, para evitar males mayores, paralizó los trámites a la espera del pronunciamiento judicial. Sólo una empresa había pujado por el edificio, pero la plica se mantenía cerrada, sin saber si cumplía con todos los requisitos del concurso.
En septiembre, el juzgado rechazó la suspensión cautelar, y el ayuntamiento concluyó con la subasta, adjudicando el edificio a la única que pujó por 1,85 millones de euros. El consistorio ya ha entregado a la empresa ganadora el inmueble de cinco alturas para que comience con todos trámites, que deben concluir en dos años con el complejo renovado. Cabe destacar que en estos momentos, a causa del coronavirus todo está suspendido. En este sentido, habrá que determinar cómo se reparten los 300.000 euros de más que se han obtenido de la subasta.
Comunicación a los interesados
Pero del pronunciamiento judicial de septiembre, salió otra resolución. El titular del juzgado decidió aunar en un solo, al menos dos de los contenciosos presentados -uno iniciado por un particular y el otro por una sociedad-contra el acuerdo plenario de 2018, referentes al reparto de las ganacias. Por ello, el consistorio ha comunicado a todos los posibles afectados, que de querer alegar contra el proceso deben sumarse a la causa ya abierta. En este sentido, la empresa ganadora también ha depositado los casi 500.000 euros en concepto de garantía definitiva por la operación.
