La portavoz del grupo municipal Unides Podem-EU de Godella, Irene Ferré, ha pedido a la Agencia Antifraude de la C. Valenciana, que investigue las posibles irregularidades cometidas durante el pleno celebrado el pasado 30 de enero, donde todos los grupos, excepto el de Ferré, apoyaron desactivar el expediente administrativo de caducidad que se seguía para anular un PAI con 600 viviendas en la zona de la Muntanyeta o Torre del Pirata.
Tal como ha venido informado este diario, el citado PAI fue aprobado inicialmente en 2004, mientras que en 2008 se daba luz verde al proyecto de reparcelación y urbanización. La actuación contemplaba la construcción de unas 600 viviendas, entre unifamiliares, adosados y plurifamiliares, incluso de protección pública.
Pero desde 2008 no se movió ni papel ni piedra en aquella zona. De ahí que durante la legislatura de 2015-19, el gobierno de Godella inició el proceso para dar por caducado el PAI. Primero encargó un dictamen al Consell Jurídic Consultiu, que apoyó la iniciativa municipal al considerar que se habían incumplido los plazos establecidos por parte del agente urbanizador. En enero de 2018, el pleno aprobaba cancelar el PAI, incautaba la garantía y retiraba a la mercantil Canyada de Trilles su condición de agente urbanizador.
Miedo a una derrota judicial
Según explica Unides Podem en su escrito a la Agencia Antifraude, a partir del acuerdo plenario «no procede aceptar ningún tipo de alegaciones». Pero hasta una quincena de propietarios y la propia mercantil presentaron recursos de reposición contra el acuerdo. Las alegaciones, al parecer, fueron desestimadas y acudieron al juzgado presentando recursos contenciosos contra la decisión plenaria. Ya a principios de 2020, el letrado municipal, visto el contenido de los contenciosos, aconsejó declarar caducado el expediente aprobado en 2018 y aceptar las alegaciones presentadas tras el pleno, ante el riesgo de una derrota judicial con su correspondiente coste económico para las arcas locales, debido a un «defecto de forma» en el expediente. Por ello, Compromís, PSOE, PP y Ciudadanos votaron a favor de caducar el expediente (Podem se abstuvo), dejando en vigor el PAI.
Las máquinas entran en la zona
Hace unas semanas, las máquinas entraron en la Torre del Pirata para realizar la primeras catas, muestra evidente de que el PAI se reactiva. En este sentido, un grupo de vecinos ha iniciado movilizaciones para mostrar su rechazo al proyecto urbanístico. Con todos estos ingredientes, Unides Podem pide a Antifraude que investigue el proceso realizado por el gobierno municipal, «confuso y nada transparente, que produce «indefensión a la ciudadanía por su anómala y arbitraria actuación». El escrito de Irene Ferré califica de «dudosa legalidad» el acuerdo plenario de enero de 2020 y considera que «no puede declararse la caducidad de la declaración de caducidad y la resolución del agente urbanizador dos años después, ya que el acto es firme, lo que constituye una arbitrariedad del Ayuntamiento de Godella y una actuación que prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
