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El juicio de la basura de Calp tropieza con la pandemia

Los abogados del excalcalde de Calp y de los otros siete acusados logran que la causa se aplace al alegar que en la sala existía riesgo de contagio

Los acusados, de espaldas, en la sesión de ayer. | PILAR CORTÉS

Los acusados, de espaldas, en la sesión de ayer. | PILAR CORTÉS

Arranque con bronca. Las defensas de los acusados de la trama de la basura de Calp, una pieza del caso Brugal, lograron ayer suspender el inicio del juicio. Utilizaron el argumento de la pandemia. Los letrados denunciaron la falta de espacio digno para desempeñar sus funciones. El arranque del juicio de unos hechos ocurridos hace 30 años (el contrato de la basura supuestamente amañado se firmó en 1988) se aplaza al 16 de febrero.

Llegó el juicio tras diez años de instrucción (los acusados declararon por primera vez en el juzgado de Dénia en 2011) y tropezó con la epidemia de la covid-19. Hace dos meses sí se sentaron en esta misma sala los nueve acusados de los presuntos amaños del Plan General de Alicante, así como dos fiscales, dos letrados de la acusación y siete abogados defensores, algunos acompañados por sus pasantes. Además, había público.

A pesar de que ayer había menos personas que en cualquiera de las sesiones del PGOU de Alicante, los abogados de los procesados denunciaron que no se cumplían los requisitos sanitarios y que estaban hacinados en el estrado, compartiendo micrófono y sin espacio para poder consultar la documentación. Ante este planteamiento, el tribunal optó por aplazar el arranque hasta el 16 de febrero, fecha en la que estaba previsto que comenzaran a declarar los acusados. En estas semanas, se tratará de dar respuesta a las peticiones de las defensas. Ayer reiteraron que la situación actual de la pandemia no es la misma que había cuando se celebró el otro macroproceso.

En el banquillo se sentaban ayer el empresario Ángel Fenol y su hijo, Antonio Ángel; el excalde de Calp por el PP, Javier Morató; el exedil y exdiputado provincial, Juan Roselló, su esposa, Amparo Femenía, y su cuñado, Francisco Artacho; el también exconcejal Fernando Penella, y el técnico responsable de la concesión de la basura, Juan Cervantes. Se les acusa de haber urdido un sistema para facturar de más al ayuntamiento entre 1999 y 2012 al inflar el pesaje de la basura. Se estima que el perjuicio causado a las arcas municipales fue de 4,2 millones.

En la sesión de ayer, se esperaba que los letrados de los acusados pidieran, al igual que han hecho en las otras piezas de Brugal, la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación.

El abogado de Morató, Enrique Botella, calificó las condiciones del juicio de «indignas» y sostuvo que no se garantizaba la salud de los asistentes. Los otros letrados alegaron también que existía riesgo de contagio.

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