Tras conocer el fallo del Supremo el fallo del Supremoque condena a casi toda la cúpula de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, la Coordinadora de ONGD convocó una concentración ciudadana ante el Palau de la Generalitat para reclamar la devolución de los fondos y exigir una declaración institucional del president de la Generalitat en funciones, Alberto Fabra, para que condene la corrupción y en defensa de la dignidad de la cooperación.
Según la Coordinadora, el fallo del Supremo confirma que durante años una trama ajena al mundo de la cooperación, «con epicentro en la propia Generalitat», e impulsada por el que fue «hasta siete veces conseller», Rafael Blasco, «saqueó» los fondos destinados a las personas más empobrecidas.
Concretamente la sentencia se refiere a los fondos de los proyectos destinados a la mejora de las condiciones básicas de las comunidades campesinas de Totogalpa, de Sabana Grande y Santo Domingo en Nicaragua. La Coordinadora hace un llamamiento al pueblo valenciano a seguir confiando en las muchas ONGD que desarrollan su labor con compromiso y transparencia en apoyo de los más desfavorecidos y en la lucha contra las desigualdades y la pobreza tanto dentro como fuera de España.
A su juicio, lo más grave de la sentencia es la evidencia de que «personas sin ética desempeñaron puestos de altísima responsabilidad en nuestro autogobierno durante muchos años».
El exconseller Blasco ha formado parte de gobiernos del Partido Popular, por lo que la Coordinadora considera que el actual presidente en funciones «debería realizar una declaración de condena y disculpa dada la actitud complaciente con los culpables por parte de su gobierno y su partido».
La entidad espera que las penas «se ejecuten lo más pronto posible» y reclama que los fondos defraudados se reintegren de manera inmediata para la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo.
La Coordinadora asegura que entiende la sentencia como el resultado de un «trabajo colectivo» y agradece a los fiscales anticorrupción Jesús Carrasco y Vicente Torres, a la abogada de la Generalitat, María José Rodríguez, a la acusación popular, ejercida por Antonio Penadés, y a los testigos y extécnicos de Cooperación la labor realizada y la «valentía» en el proceso.
Además reconoce el trabajo de las dos diputadas que iniciaron el proceso con sus denuncias, Clara Tirado y Mireia Mollà, así como a todas las personas y organizaciones que se han implicado y han apoyado la defensa de la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza, apoyando la campaña #JusticiaCasoBlasco. La Coordinadora de ONGD continúa como acusación popular en las dos piezas pendientes de juzgarse para la misma trama, para asegurarse de que «no quede impune» y defender la dignidad de la cooperación al desarrollo y de las organizaciones que llevan años «trabajando y luchando por un mundo más justo».
