La maquinaria judicial y policial que acabó con la detención del ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano, el pasado 29 de mayo se puso en marcha en octubre de 2014. El ex gerente de Avialsa, la empresa contratista que suministra a la Generalitat los aviones antiincendios, puso sobre la pista a la Fiscalía Anticorrupción, primero la de Madrid y después la de Valencia, sobre la retahíla de contratos, cacerías y regalos con las que dos empresarios, Vicente Huerta y José Miguel Pérez Taroncher, habían compartido durante años con Serafín Castellano, un superviviente de la política valenciana y factótum del PP en todos sus «ismos»: Zaplanismo, Campsismo y Fabrismo.
Los investigadores comprobaron con sorpresa cómo todos los detalles vertidos en la denuncia y que comenzaron a desgranar en sus pesquisas ya habían sido aireados en gran parte por Levante-EMV. Y les extrañó que nadie se hubiera atrevido a ponerle el cascabel al gato. Aunque no se trataba de cualquier gato. En el ojo del huracán de la trama que comenzaron a investigar la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la UDEF (Unidad de delincuencia económica y fiscal) se encontraba el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunitat Valenciana: el entonces delegado del Gobierno, Serafín Castellano, que había vuelto a caer de pie tras el fracaso popular en las elecciones europeas, por lo que fue relegado de la Conselleria de Gobernación y la secretaría general del PP.
La presencia de Castellano en el centro de la trama obligó a la UDEF y a la Fiscalía Anticorrupción a realizar las pesquisas con absoluto sigilo. Y con tanto cuidado que los responsables policiales y de la guardia civil valencianos se enteraron «por la prensa» de la detención de su máximo jefe, lo que molestó a algunos mandos. Los responsables de la investigación querían evitar a toda costa cualquier filtración previa que pusiera en alerta al otrora topoderoso Serafín Castellano.
Aunque no hay ninguna duda que el político era la clave de bóveda de la operación policial y judicial. De ahí el nombre con el que los agentes de la UDEF la bautizaron: «Operación Hispaniolus». Un latinismo medieval que significa «de Hispania», y que derivó en el provenzal «espaignol», según la Real Academia de la Lengua, para acabar bautizando la lengua que hablan 416 millones de personas, a la que también se denomina «castellano». Justo el apellido del principal implicado en la trama de favores a cambio de contratos.
Una trama que a partir de ahora seguirá investigando el juzgado de instrucción número 2 de Sagunt, que había intentado inhibirse de este asunto, porque ya investiga la denuncia que el empresario detenido en la «Operación Hispaniolus», Vicente Huerta, presentó contra Francisco Alandí, el ex gerente de Avialsa y denunciante original de la trama.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia, tras estudiar la solicitud del juzgado y los argumentos aportados, decidió rechazar la inhibición, con lo que seguirá instruyendo la causa contra Castellano, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Por ello el alto tribunal valenciano ha decidido adjudicar Instrucción 2 de Sagunt un Juez de Adscripción Territorial (JAT) porque «la causa que instruye por presunta corrupción es de «gran complejidad y voluminosa».
De hecho, la «Operación Hispaniolus» es tan enrevesada que podría acabar en la Audiencia Nacional si, después de analizar toda la información incautada en los trece registros, se confirma que la trama afecta a varias provincias ya que, como informó Levante-EMV, Avialsa y ocho compañías más se repartían el mercado de los contratos públicos de la extinción de incendios en España y Portugal para saltarse las leyes de la competencia, hinchar los precios e incrementar los beneficios.
