La diputada de Podemos por Alicante Covadonga Peremarch se convirtió ayer en la primera integrante del grupo de no adscritos de la actual legislatura en el Parlamento valenciano. El grupo que lidera Antonio Montiel acordó su expulsión al mediodía con el voto unánime de los 12 diputados que mantiene Podemos en la Cámara.

Peremarch, que el pasado diciembre cumplió 25 años, había anunciado horas antes que asumía la decisión del grupo, pero pasaba a convertirse en diputada no adscrita por lo que se aferraba al acta. Durante la reunión del grupo, que se alargó más de una hora, sus compañeros trataron de convencerla para que abandonara y no dañara más la imagen de Podemos. Pero no lo lograron. Peremarch se resistió y hoy está previsto que inaugure el grupo de no adscritos.

Podemos iniciará, además, el expediente de expulsión del partido por «rebeldía», según anunció el síndic y secretario general autonómico, Antonio Montiel.

La diputada mantuvo durante la reunión de ayer en las Corts que la resolución era injusta y el grupo la conminó a acudir a los tribunales si así lo entendía, pero que ello no quitaba que tenía que hacer valer la disciplina interna. Podemos entiende que el proceso que la ha inhabilitado ha sido lento pero escrupuloso. «No podemos aceptar que esta persona se sitúe por encima del partido», dijo Montiel.

Los diputados de Podemos firmaron un código ético antes de asumir el cargo que obliga a dimitir en caso de inhabilitación. Por eso, el grupo acordó darle de baja por expulsión y ayer mismo presentó un escrito ante la Mesa de la Cámara para que adopte las medidas oportunas para separarla del grupo físicamente. En el pleno de las Corts que comienza hoy, Peremarch ya no estará junto a los que hasta ayer eran sus compañeros de grupo porque la inhabilitación por el pucherazo de las primarias en Alicante la inhabilita para el desempeño de cargos y la representación del partido.

Cobrará más que antes

Como diputada no adscrita tiene derecho a asistir a los plenos y a participar en una comisión y mantendrá el sueldo de diputada, según el reglamento de las Corts. Sin embargo, no tendrá que ceder una parte del sueldo al grupo, como los diputados de Podemos pactaron al inicio de la legislatura. Percibirá un mínimo de 2.700 euros al mes.

Montiel defendió ayer la legalidad del proceso y remarcó que la diputada pudo alegar convenientemente al expediente abierto y que recurrió a la comisión de garantías democráticas estatal, que el pasado 8 de enero anunció su dictamen de inhabilitación para ella y una decena más de integrantes de Podemos en Alicante, que no tienen cargo institucional.

Montiel consideró «un error político y personal» la decisión de la diputada. Añadió que se han agotado todas las vías internas, que la resolución es firme y solo cabe acatarla. Insistió en que el grupo había actuado en «coherencia absoluta» con los principios éticos de la formación y que él como líder del partido no podía permitir que una de sus diputadas se pusiera al margen de la legalidad. «Defendemos unos valores que es el cambio en las formas de hacer política y lo hemos demostrado siendo estrictos y escrupulosos», añadió. El síndic desveló que el expediente de Peremarch y sus compañeros era muy complejo, con 1.500 folios.