Cinco agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Valencia irrumpieron en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Villalonga (la Safor) y tras permanecer en su interior durante cuatro horas y media, se llevaron, fotocopiado y certificado, el extensísimo expediente del «Proyecto de pavimentación y peatonalización bajo estética rural del centro histórico» de la localidad, que se llevó a cabo entre los años 2009 y 2011.

Esta actuación se enmarca, según ha podido saber Levante-EMV, en la investigación abierta por la Fiscalía Provincial de Valencia ante la posible comisión de delitos en ese proyecto de obras, que costó 2,5 millones de euros, una parte de ellos provenientes de los fondos de la Unión Europea para el Desarrollo Rural (Ruralter-Paisaje).

La peatonalización de Villalonga se produjo entre los años 2008 y 2011, bajo la alcaldía de Juan Ros (PP), en el periodo en que Maritina Hernández era consellera de Agricultura, departamento de la Generalitat que remitió el dinero para una obra destinada a revitalizar áreas rurales.

La Fiscalía actúa tras una denuncia en la que se relatan al menos dos aspectos en los que se sospecha que pudieron cometerse irregularidades. Por una parte, cuando la obra ya había sido adjudicada a la empresa gandiense Construcciones y Canalizaciones SL (CYCA) se llevó a cabo una polémica modificación del proyecto que suponía una considerable reducción del presupuesto. El ayuntamiento y la Conselleria de Agricultura autorizaron a que, en vez de pavimentar las calles y plazas con «piedra natural», como figuraba en la memoria técnica, se optara por losas de «hormigón prefabricado», mucho más barato. Al tratarse de una superficie afectada superior a los 15.000 metros cuadrados, el ahorro se estimó en cerca de medio millón de euros que la empresa tendría que invertir en otras actuaciones que «mejoraban» el proyecto.

Lo que se investiga es si esas obras adicionales pactadas entre el consistorio y la Generalitat entran en la línea de ayudas de la Unión Europea o, por el contrario, hubo un fraude de ley para que el Ayuntamiento de Villalonga se beneficiara de ayudas europeas. En ese caso, podría haber responsabilidades penales.

La segunda cuestión que ha sido denunciada es mucho más reciente y se sustancia en el hecho de las deficiencias detectadas en las obras y en la devolución de un aval de 125.000 euros a la empresa que las ejecutó.

Baldosas sueltas y polémica

Las deficiencias se resumen en que decenas de baldosas se soltaron poco después de la inauguración, así como en la rotura de muchas de ellas por el paso de los vehículos. Circular sobre esos elementos conlleva, en algunos tramos, un constante sonido de traqueteo debido a la pérdida de material en las juntas de las baldosas.

Por ese motivo, todos los grupos políticos, salvo el socialista, que gobierna Villalonga, se opusieron a devolver ese aval de 125.000 euros a la constructora y exigieron que antes obligara a reparar esos desperfectos. Eso no se hizo, pese a lo cual finalmente se entregó el dinero a CYCA basándose en informes técnicos que consideraban vencida la garantía de las obras. Aun así, el alcalde, Enric Llorca, dijo que la empresa, por su cuenta, llevaría a cabo la reparación de las áreas más deterioradas.

También esos hechos fueron denunciados a la Fiscalía al considerar que podría haber delitos por no hacer uso del aval para la reparación de todos los desperfectos señalados por los técnicos municipales una vez acabaron las obras.

Ante estos relatos, la Fiscalía de Valencia ordenó a la UDEF que, sin previo aviso, acudiera al Ayuntamiento de Villalonga y, bajo la supervisión de la secretaria general, obtuviera el expediente completo de las obras de peatonalización para estudiar detalladamente todo el proceso. Del estudio de la documentación, la Fiscalía determinará si cita a declarar a alguna persona para aclarar las posibles irregularidades o la comisión de delitos.