El 27 de mayo de hace diez años, Rita Barberá arrasó en las elecciones municipales. Consiguió su mejor resultado respecto a las siete convocatorias electorales anteriores, con 21 de 33 concejales. Incluso el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vino a presentar a la candidata en una campaña en la que no se escatimó en gastos, algunos de ellos pagados en sobres con billetes de 500 euros, según relató un testigo a agentes de la Guardia Civil y se recoge en el sumario de la pieza separada del caso Taula que ayer se trasladó a las partes tras levantarse el secreto parcial de las actuaciones.

La empresa encargada de gestionar la campaña electoral era Laterne Product Council (LPC). En ella trabajaba Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau. Según el relato de Gordillo, fue el por entonces mano derecha de Barberá el que le dio 350.000 euros en billetes para pagar las deudas pendientes de Laterne con subcontratas que habían realizado trabajos para el PP durante la campaña. También le mandó recoger un cheque por valor de 150.000 de Secopsa, una de las adjudicatarias de contratas del ayuntamiento de la capital.

Estas declaraciones ante agentes de la UCO de la Guardia Civil y ratificadas ante el juez ponen en una dificil tesitura a Grau, ya que le colocan como el gestor de la maquinaria ideada para recaudar fondos de empresas, fundaciones y asociaciones y revertirlos de manera ilícita para «dopar» la campaña municipal del PP. Mientras la mayoría de partidos dedicaban unos 150.000 euros a la operación de publicidad para los comicios, los populares habrían destinado cerca de tres millones de euros, provenientes supuestamente de estos donativos.

Una «dinámica delictiva», en palabras de la fiscalía, que operaba con «un firme propósito de actuar al margen de la legalidad» para financiar ilegalmente al partido durante la campaña electoral de Barberá a la alcaldía del cap i casal. En un auto, el magistrado del juzgado número 18 de València observa posibles «delitos autónomos, en principio conexos, de malversación y cohecho», así como un posible delito electoral encadenado en términos de continuidad delictiva con los ya investigados corresponientes a los años 2011 y 2015».

Préstamo de 150.000 euros

Entre las fundaciones y asociaciones que habrían nutrido esta caja se encuentran Fundación Turismo Convention Bureau, Fundación Feria Muestrario Internacional de València, Fundación para la Innovación Urbana y la Economía, Fundación Valenciana de la calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo. También hay 22 personas jurídicas que habrían trabajado para Laterne o alguna de las empresas «amigas», entre ellas, constructoras como Durantia Infraestructuras SA (Luis Batalla SA); Nou Litoral; FCC, SA Agricultores de la Vega; Secopsa o Construcciones Luján.

En el caso de Feria València, por ejemplo, formalizó un contrato con Global Project (una de esas firmas 'amigas') por 34.854 euros por el uso de mil vallas publicitarias. El único administrador de esta empresa era Vicente Sáez, el mismo que el de Laterne. También consta en el sumario que la empresa Agricultores de la Vega prestó 150.000 euros a Laterne. A través de esta operación, el prestamista debía entrar a formar parte de Product Management Council S.L, otra sociedad en la órbita de Sáez (íntimo amigo de Grau) investigada por la UCO. Según Gordillo, era Grau el que se relacionaba directamente con estas firmas.

Alcón dice que no pagó porque estaba fuera de sí por quedar excluida de las listas

El sumario de la pieza separada del caso Taula recoge también un vídeo de la declaración de María José Alcón ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana como testigo en la causa que investigaba al exconcejal Miquel Domínguez, que fue archivada momentáneamente. Como trascendió en su momento, la grabación muestra a la exconcejala de Cultura negando conocer el supuesto proceso por el cual se blanquearon fondos de origen ilícito en el seno del PP de València mediante la donación de 1.000 euros y la posterior devolución en dos billetes de 500. «A mí me manifestaron que debía hacer una aportación de mil euros, pero me negué porque estaba tan indignada, tan fuera de mí con la deslealtad que se había cometido conmigo», manifestó en relación a su caída de las listas electorales de los puestos de salida. También declaró estar «medicada y paranoide» cuando se le grabó narrando con detalle el blanqueo.

Un juzgado de Madrid acoge la vista por los 568.000 euros que el PP no pagó a Feria València

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid acogerá hoy el juicio por la demanda que presentó Feria de Valencia contra el Partido Popular por el impago de la deuda por la celebración del Congreso Nacional de los populares de 2008 que se organizó en estas instalaciones. La institución ferial reclama al juez que obligue al PP a saldar su deuda de 568.511 euros, más los intereses, por el XVI Congreso Nacional que los populares celebraron los días 20, 21 y 22 de junio en València, en el que Mariano Rajoy salió reelegido como presidente del partido. Precisamente Feria València es una de las instituciones que aparece en el sumario como supuesta donante del partido para financiarse ilegalmente en las campañas. Tras conocerse los detalles de la investigación, el alcalde de València, Joan Ribó, lamentó las «trampas» del PP y el «comportamiento contrario a la democracia» y pidió explicaciones a Bonig. También exigió a los 9 de los 10 concejales imputados que dejen su acta.