El fallo del Tribunal Supremo, como no podía ser de otra manera, no sentó nada bien ayer al Gobierno valenciano. El conseller Vicent Soler apuntó a que la sentencia «evidencia la falsificación de las cuentas durante años por parte de los anteriores gobiernos del PP en la Generalitat y el engaño masivo al ocultar miles de millones en facturas», al tiempo que añadió que «el Consell actual pelea por los intereses de los ciudadanos y por que los desmanes económicos de los Consells del PP no se hagan cargar sobre las espaldas de los valencianos como pretende el actual Gobierno central».
El máximo responsable de Hacienda, de la que depende la Intervención de la Generalitat (Hernándiz dimitió tras la filtración del informe de Vela), señala que hay que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dirima el juicio por el recurso que presentó España contra la multa y que, una vez concluya el proceso judicial, se analizará la exigencia de responsabilidades «para que no sean los valencianos los que tengan que pagar la mala gestión de los gobiernos del PP».
«Es una inmoralidad»
Por su parte, el síndic del PSPV en las Corts, Manolo Mata, lamentó que «el Gobierno central pretenda cobrarnos la multa. Es una barbaridad, una inmoralidad y una decisión políticamente intolerable». «No dudamos de que en términos jurídicos pueda ser legal derivar el pago a la Comunitat, pero la decisión de Rajoy es totalmente ilegítima e injusta», criticó.
Mireia Mollà (Compromís) se lamentó del «nuevo varapalo a nuestras cuentas públicas y a los valencianos, que continuamos pagando la factura de la corrupción».
