Después de que el patronato de la Fundación del IVO votara el viernes 15 de septiembre en contra de firmar el contrato de acción concertada para atender a 30.000 pacientes al año por un importe de 54 millones, la Conselleria de Sanidad ha estado maniobrando para tratar de revertir el sentido de ese voto y salvar la situación.
El pasado miércoles, una vez la conselleria ya era consciente de que la mayoría del patronato seguía las tesis del director general, Manuel Llombart, contra este acuerdo, la consellera Carmen Montón convocó a los integrantes del comité a una reunión de urgencia en la conselleria.
Solo acudió el presidente, Antonio Llombart, partidario de firmar el acuerdo. Montón propuso una solución intermedia para que el IVO mantenga su volumen de pacientes pero sin reconocerle formalmente la condición de centro de libre elección, el principal punto que separa a la administración y al hospital de Campanar.
Básicamente, la operativa que sugiere la conselleria al IVO para conciliar posturas pasa por permitir que los pacientes vuelvan a entrar. Eso no significaría la atención inmediata ni la libre elección de centro. Pero desde el momento de la entrada, el IVO debería dirigirse al área de salud al que pertenece al paciente para transmitir a los responsables la situación de ese enfermo.
Si pasadas 48 horas el sistema valenciano de salud no responde, se aplica silencio administrativo y el IVO comienza a trabajar con ese paciente. Consultada por este diario, la conselleria no quiso valorar esta situación.
Con esta propuesta no oficial la conselleria pretende dar argumentos al presidente del IVO Antonio Llombart para que convenza al resto de patronos, que se oponen por mayoría. Según parece, existe incluso un acta de esa reunión con la que el presidente de la Fundación tratará este próximo viernes, cuando se ha vuelto a convocar una reunión del patronato, de convencer a los cuatro miembros que conformaron la mayoría que decidió no firmar el contrato.
Como adelantó Levante-EMV el pasado viernes, el patronato de la Fundación IVO no quiere firmar el acuerdo de acción concertada que había pactado con la Generalitat. De los ocho miembros, Antonio Llombart solo recibió el apoyo de un miembro; otros dos se abstuvieron y cuatro más se alinearon con el director general y exconseller de Sanidad con el PP, partidario de no firmar.
La dirección general se escuda en la existencia de sendos informes jurídicos -de la Abogacía de la Generalitat y de Intervención- que ponen en cuestión la legalidad de la figura utilizada para convocar este contrato. Todos los patronos ven con disgusto que este nuevo concierto (la figura se llama acción concertada) retire al IVO la condición de centro de libre elección, que hasta el final de 2016 le permitía atender a cualquiera que entrara por la puerta.
El presidente de la Fundación defiende que hay que firmar el acuerdo y confiar en la buena fe de la administración, con un jefe del Consell que ha trasladado al IVO la voluntad de mantener las buenas relaciones de siempre. Manuel Llombart, por su parte, es partidario de mantener el pulso para lograr un mejor contrato que recoja por escrito esa condición de centro de libre elección. Habrá que ver por dónde se rompe la cuerda.
Pendientes de los recursos
La promesa de que el IVO seguirá contando con pacientes de la red pública no resuelve, sin embargo, las alegaciones de la Abogacía. Concretamente, el informe jurídico considera que la naturaleza de estos servicios y la forma en que los plantea la conselleria, hace que tenga que adjudicarse como un concurso tradicional, y no como una acción concertada.
La mayoría del patronato entiende que un recurso puede paralizar el contrato y perjudicar al centro, en línea con lo defendido por el director general. Se antoja complicado en ese contexto que el presidente del patronato vaya a convencer a los cuatro miembros que se opusieron de cambiar el sentido de su voto.
