La Fiscalía Provincial de València, a través de la sección de derechos de los consumidores, inició ayer diligencias para analizar las consecuencias del cierre de las clínicas iDental por posibles conductas contrarias y en perjuicio de los derechos de los consumidores, según aseguró la Unión de Consumidores de València (UCV).
La UCV asegura que la decisión de la fiscalía es una respuesta a su solicitud de paralización de los créditos que presentaron el pasado 14 de junio y en la que se informaba de «los perjuicios económicos y la situación de indefensión en la que se encuentran miles de afectados» que deben «seguir abonando las cuotas de los préstamos que suscribieron para financiar los tratamientos odontológicos y que no van a recibir debido al cierre de las clínicas iDental».
También considera que los responsables de las clínicas han podido incurrir «en delitos contra la salud por abandono de pacientes», en delito de estafa por el cierre unilateral de las clínicas e interrupción de los tratamientos «por no establecer mecanismos efectivos para la resolución de los préstamos vinculados» y de devolución de los importes cobrados.
La Unión de Consumidores también pretende que se reconsidere la vía penal por un posible delito de estafa, a pesar de que el pasado 20 de junio la Fiscalía Provincial archivó la denuncia contra las clínicas, tras considerar que no existen datos suficientes que muestren que los hechos denunciados son constitutivos de infracción penal.
La UCV indicó que, mientras, «continúan tramitando y asesorando a los afectados, y solicitando a las financieras de los créditos concedidos para los tratamientos odontológicos que paralicen el cobro de las cuotas pendientes a los consumidores afectados».
