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Ayudas

La demora del concierto social 'asfixia' a las ONG tras 7 meses sin cobrar

Los créditos solicitados han concluido y las entidades pagan ahora intereses no susceptibles de subvención

Imagen de archivo de un centro ocupacional ubicado en Mislata. v. p.

En la Comunitat Valenciana existen 9.581 personas usuarias de plazas o servicios ofrecidos por ONG's o las denominadas entidades del tercer sector. Durante años, estas entidades han garantizado la asistencia social donde la Administración «no llegaba». Así, estas organizaciones atienden infancia (1.267 menores), inclusión social (410 personas), diversidad funcional (6.222) y mayores (1.682). Gestionan un total de 442 centros (217 de diversidad funcional y 103 de mayores) y emplean a 4.765 trabajadores.

Estas son las cifras que dio la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuando anunció, en marzo de 2017, un cambio en la gestión de estas entidades con la elaboración de un decreto para que, en el 2018, el tercer sector contara con conciertos públicos que les permitieran una estabilidad presupuestaria durante cuatro años. De esta manera, el Consell daba un paso de gigante al suprimir las subvenciones. El tercer sector recibió el cambio con entusiasmo. La reivindicación era histórica.

Ya en el 2018, el discurso de las entidades ha cambiado. No han recibido un euro desde enero, y 7 meses después, los préstamos que solicitaron al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para poder dar servicio a los usuarios han acabado o están a punto de hacerlo. Han estado callados durante seis meses. Los mismos que, con el PP, estaban, años y años sin cobrar ya que las subvenciones se saldaban en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre.

Sin embargo, en pleno mes de julio y con los créditos agotados, las entidades sociales afirman que la demora del concierto social los «asfixia».

Merma de recursos

«El retraso en la firma del esperado concierto está provocando una gran inestabilidad económica en los recursos que gestionamos, generando deudas con entidades financieras, proveedores y en algunos casos incluso con trabajadores, con la obligación de atender los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social.

La situación se está haciendo insostenible y merma los recursos de los centros ya que conlleva el pago de intereses bancarios no susceptibles de subvención, restando recursos para el buen funcionamiento de los mismos, que no debemos olvidar, se trata en la mayoría de casos de entidades sin ánimo de lucro», explican desde Copava (Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual). La entidad agrupa a 45 centros ocupacionales y afirma que la Conselleria adeuda a cada uno de los centros «entre 150.000 y 700.000 euros, en función de los usuarios que tenga y del grado de discapacidad de los mismos».

Por ello, desde la entidad no descartan movilizaciones de familiares, profesionales y usuarios, durante la primera quincena de septiembre, si la situación no se desbloquea.

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