Nueve meses. En caso de agotarse la legislatura (el viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, descartó ante los empresarios hacer uso de su prerrogativa de convocar elecciones anticipadas), al Consell del Botànic le queda el tiempo de un embarazo para presentarse ante el electorado con todos los deberes hechos.
No será fácil que lo haga ya que, pese al camino andado, el Ejecutuvo bipartito de PSPV y Compromís tiene aún asuntos pendientes por concluir en estos meses de legislatura. Algunos son de menor entidad, pero otros son de gran calado y figuraban en el acuerdo firmado hace tres años entre el PSPV, Compromís y Podemos, el pacto que hizo posible la unión de la fuerzas de izquierda para apartar al PP de la presidencia de la Generalitat tras veinte años en el poder y un reguero de casos de corrupción que han marcado la agenda política estos años.
«El 24M la ilusión del futuro ha llenado las urnas. Ha supuesto, más que un cambio de gobierno, un cambio de ciclo político. Un nuevo tiempo que pide una nueva política, situando a las personas en el centro y las instituciones en manos de todo». Con esta filosofía de fondo, los máximos responsables del tripartito se conjuraban un 11 de junio de 2015 en el Jardí Botànic de València para dar un giro a las políticas del PP.
Un nuevo tiempo político, que, sin embargo, se encuentra ya en tiempo de descuento. Ese día, en el que todavía estaba por acordar quién ocuparía la presidencia, el «qué» (como lo definían los firmantes) quedó rubricado en un documento con cinco ejes y con compromisos concretos. Algunos de ellos, son ya una realidad, pero otros siguen en la columna del debe si bien no todos son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, ya que dependen de decisiones del Gobierno de España ahora con el socialista Pedro Sánchez al frente.
Financiación e infraestructuras
De hecho, algunos de los grandes objetivos de la legislatura, como es el cambio del modelo de financiación autonómica o la mejora de las infraestrucuras, son cuestiones pendientes que ni el Gobierno de Rajoy ni (al menos de momento) el de Sánchez han abordado de manera satisfactoria. «Nunca más queremos que se nos trate como ciudadanos de segunda, ni desde Madrid, ni desde Bruselas. La Comunitat Valenciana debe ser el centro de la acción política», rezaba el acuerdo del Botànic en 2015. De hecho, el tripartito se comprometía a exigir al Estado, a través de acciones políticas y legales, la financiación justa para garantizar la prestación de los servicios públicos, al tiempo que exigía la deuda histórica.
La reparación del maltrato lleva camino de ser el gran fiasco de este mandato, como lo fue también de los anteriores gobiernos del PP. El problema catalán y no el valenciano es el que ha marcado la agenda política nacional y los esfuerzos del Consell por imponerse (recurso ante los tribunales contra la infrafinanciación o la protesta en Madrid) no han llegado a buen puerto. La falta de recursos ha tenido su repercusión en unos presupuestos de la Generalitat, que año tras año, han estado constreñidos por la ley de estabilidad y el cumplimiento del déficit. De hecho, la insuficiencia de recursos, así como la falta de personal funcionario (el Ejecutivo central sigue bloquendo la posibilidad de ofertas de empleo público), ha condicionado muchas de las políticas del Botànic.
Aunque los departamentos 'sociales' (Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas) se han llevado la mayor tajada, el repetido «rescate de las personas» se ha quedado a medio camino. Sanidad revertió el hospital de Alzira, pero las listas de espera para una intervención quirúrgica siguen siendo elevadas: más de 61.000 personas.
Pese al esfuerzo realizado, también siguen en la cola miles de personas dependientes. La vicepresidenta Mónica Oltra mantuvo la semana pasada la promesa de acabar definitivamente con el tapón que heredó, pero la cifra actual, 20.000, sigue dando vértigo.
La eliminación de barracones
Por otro lado, la erradicación de los barracones es otro de los asuntos que colean y que el Consell no podrá cumplir tal como prometió. La Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà, puso en marcha un plan específico, pero miles de escolares siguen estudiando en aulas prefabricadas.
El departamento de Marzà no sólo tiene por delante este reto. El cambio en el sistema educativo valenciano se ha encontrado con numerosos tropiezos jurídicos y el nuevo modelo de plurilingüismo, con especial acento en la enseñanza en valenciano, está amenazado en los tribunales. Por su parte, la nueva ley de educación, que en principio debe sentar las bases legales del cambio de modelo, sigue pendiente y difícilmente será aprobada esta legislatura. Esta norma, incluye también un apartado importante dedicado a la educación en igualdad, una cuestión prioritaria para un Consell que puso las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista en su acuerdo programático.
Más allá del ámbito educativo, la legislatura se agota sin que otro de los compromisos adquiridos, como el requisito lingüístico, vaya a ver la luz. La ley que contiene esta exigencia para el acceso a la función pública está aún en trámite. El desacuerdo entre los socios de Gobierno (la pata más valencianista de Compromís aprieta para que salga adelante, mientras que al PSPV le da miedo abrir este melón) ha dejado la ley en el dique seco. Tampoco otras cuestiones, de las que en su momento el Botànic hizo bandera, están resueltas.
El sector público empresarial (empresas y fundaciones de la Generalitat) sigue esperando su ley y la función pública sigue con los mismos males que a inicios de legislatura identificó una comisión de sabios: plantilla envejecida, escasa, con alto grado de interinidad y con nombramientos «a dedo» en el escalafón funcionarial. Y es que la cercanía electoral no juega a favor del Botànic a la hora de desatascar los asuntos pendientes. La tensión interna por las desavenencias entre los socios del Consell ha ido en aumento y todo apunta a que el clima electoral y las estrategias partidistas de unos y otros condicionarán lo queda de acción de gobierno. Cabe apuntar, además, que el cambio de inquilino en La Moncloa hace que todo cambie y que la recta final no sea como PSPV y Compromís habían imaginado. Ambos deben convivir para agotar la legislatura, pero están obligados a diferenciarse de cara a la cita con las urnas. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, los socialistas no tienen más remedio que atemperar sus críticas con respecto a Madrid, mientras que Compromís está dispuesto a explotar la imagen del partido que mejor defiende los intereses valencianos, como se ha visto en la última votación del Consell respecto al techo de déficit que dejó un voto unilateral del PSPV.
Otro trabajo inconcluso del Botànic es el ambicioso cambio del modelo productivo para que la economía valenciana pase de apoyarse en el ladrillo y el sol y playa a hacerlo sobre la innovación. Algo ya imposible con la cuenta atrás en marcha.
