La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha remitido un informe al juzgado número 4 de València -a mediados del mes de julio- en el que denuncia presuntas irregularidades en las subvenciones públicas concedidas al Espai Jove Comarcal de Chiva para su construcción; al Centro de Interpretación Musical de Siete Aguas, para comprar instrumentos; y a la Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel para pagar los gastos de funcionamiento de este Grupo de Acción Local, que gestionaba fondos europeos y autonómicos.
El supuesto fraude, que se investiga en el referido juzgado, ascendería a cerca de medio millón de euros solo entre estos proyectos subvencionados por el Ruralter-Leader de 2007-2013.
Pero los inspectores de la OLAF alertan de que las presuntas irregularidades podrían extenderse a gran parte de los proyectos subvencionados en la misma época por la Conselleria de Agricultura en la Hoya de Buñol-Chiva que según declaró en la prensa en esos días la propia exconsellera Maritina Hernández fueron 41 actuaciones y obras subvencionadas por 6,7 millones. Los investigadores de la OLAF se reafirman en sus conclusiones de un informe anterior, del 16 de junio de 2016. En el primer dictamen, refrendado en julio de este año, los peritos de Bruselas concluyen: «Existe el riesgo de que estas irregularidades se extiendan a otros proyectos de Desarrollo Rural gestionados por la Generalitat Valenciana». Porque para los enviados de la Comisión Europea faltaron «los controles» y «las verificaciones» que tenían que realizar los técnicos y las autoridades de la Conselleria de Agricultura tripulada entonces por Hernández y otros altos cargos del PP como Marta Valsangiacomo o Amparo Montoro. Solo sobre el Espai Comarcal de Chiva y sobre el Centro Musical de Siete Aguas, la OLAF dice que se interpusieron «artificialmente dos asociaciones como beneficiarias de las subvenciones cuando los titulares de los proyectos y beneficiarios eran otros». Ello conllevó que el centro de Siete Aguas «recibiese una subvención más elevada de lo que preveía la normativa» y que el Espai Jove no cumpliese «las normas de contratación pública». En el caso, de la Fundación Desarroya, la OLAF declara que se usaba esta entidad «para inflar los gastos declarados como gastos de funcionamiento del GAL y maximizar la subvención recibida de la Generalitat Valenciana».
En una visita realizada por Maritina Hernández el 24 de marzo de 2011 a Godelleta, Yátova y Chiva, la consellera del PP decía que en la Hoya de Buñol-Chiva se habían puesto ya en marcha en ese momento 41 proyectos, obras y actuaciones que habían recibido 6,7 millones de euros del Ruralter-Leader. Este programa presupuestó 61 millones para toda la Comunitat Valenciana que aportaban el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); la Generalitat y el Ministerio de Medio Rural. Precisamente, entre las actuaciones subvencionadas, Maritina Hernández visitó entonces el Espai Jove Comarcal de Chiva que estaba en obras.
Este inmueble, que hoy disfrutan los jóvenes de Chiva y gestiona su ayuntamiento, está investigado en el referido juzgado valenciano y además ha motivado un procedimiento administrativo impulsado por la actual Conselleria de Agricultura, que ha terminado con la reclamación de 393.000 euros a la Asociación del Interior de la Hoya de Buñol.
Esta entidad es la propietaria del Espai Jove de Chiva y se le exige que retorne este dinero a las arcas autonómicas porque la administración valenciana entiende que esa ayuda fue concedida de forma irregular. De hecho ya se le han embargado 81.000 euros de sus cuentas.
Otras consecuencias
Amén de la orden de reintegro que ha cursado Agricultura, siguen abiertan diligencias previas en este juzgado de València por el presunto fraude cometido en la Hoya de Buñol, de 2007 a 2013. Como investigadas, están las personas del equipo de Maritina Hernández, como las exdirectoras generales Marta Valsangiacomo y Amparo Montoro, del PP; las exsubdirectoras generales María José Bayarri y Ana María Pont; además de los exalcaldes del PP, Rafael Lisarde (Yátova), José Manuel Haro (Chiva), Rafael Zahonero (Siete Aguas); y del portavoz de Buñol, Marcial Díaz. Se da la circunstancia que Bayarri dimitió en enero de 2012 por discrepancias con la exconsellera y su equipo técnico en la gestión de estos fondos. Denunció presuntas presiones políticas sufridas en la adjudicación de las subvenciones.
