El varapalo de la Abogacía de la Generalitat al plan de la Conselleria de Sanidad de subrogar al personal de la privada que ahora se ocupa de las resonancias en 16 hospitales públicos puede que no arroje dudas sobre lo ya realizado en Alzira (tal como ha defendido la consellera Ana Barceló) pero sí las plantea todas sobre el futuro del medio centenar de trabajadores de la firma Eresa que, en estos momentos, están en la misma situación en el Hospital General de València.
La salida de Eresa del consorcio hospitalario iba a ser, de hecho, el banco de pruebas de la Generalitat ante la reversión de mayor calado del servicio en toda la C. Valenciana.
Si el contrato con la UTE Erescanner finalizaba el pasado 31 de octubre, en el General los acuerdos con Eresa (firma líder en Erescanner) empezaron a caducar el pasado mes de enero lo que dio pie a iniciar las negociaciones para la internalización del servicio y también para integrar al personal ante la falta de radiólogos especializados, un mal que afecta a toda la sanidad pública valenciana.
El acuerdo se daba por avanzado de forma interna aunque los dos contratos ya expirados (el de resonancias y TAC) se ampliaron en precario y por «interés general» esperando que caducara en dos meses el tercero y la salida (y absorción) del personal, se hiciera en bloque. Sanidad ha reconocido que, pese a que el informe de la Abogacía «no señala nada sobre la situación particular del Hospital General» sí da «argumentos que podrían ser aprovechados» para resolver la situación del personal de Eresa en el consorcio ya que estaría igualmente en duda la existencia de una sucesión de empresas y la consiguiente subrogación de plantilla.
El informe deja también en el aire procedimientos similares en otras consellerias como el personal del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria.
