El CES también introduce una observación en la polémica regulación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública, una de las cuestiones más controvertidas y que en su día trajo bronca entre Compromís y el PSPV. El borrador remitía a un reglamento posterior que debía ser negociado con los sindicatos para concretar el nivel de acreditación lingüística a todos los puestos. La coalición que lidera Mónica Oltra logró introducir una cláusula de salvaguarda para evitar que la negociación se extendiera sine dia, de tal manera de que si en un año el reglamento no entraba en vigor, de forma automática se exigía un nivel concreto de conocimiento del valenciano en función del nivel funcionarial. La fórmula no parece gustar al CES, que habla de la necesidad de que los niveles que deben acreditar los empleos públicos se «ajusten a la realidad socio-lingüística y cultural de la Comunitat» así de cómo unos niveles básicos y otros específicos. Por ello, proponen que a falta de reglamento, haya una remisión genérica a la LLei d'Ús, una norma que no recoge el requisito.
