La comisión de las Corts que ha investigado las irregularidades en la empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios, ha concluido tres años después de su puesta en marcha la investigación sobre las malas prácticas que también investiga el juzgado. Los grupos parlamentarios, a excepción del PP, piden a la Generalitat una «auditoría exhausta» que determine los sobrecostes reales en la construcción de colegios e institutos entre 2001 y 2013.
La comisión se ha declarado incapaz de hacer el cálculo y remite al informe de Intervención que cifra en 486 millones de euros los gastos financieros acumulados por parte de la empresa pública, que podía adquirir crédito bancario y pólizas de crédito ya que no obtenía fondos de la Generalitat. Según el diputado Antonio Montiel, el convenio se basaba en «hacerle colegios gratis» a la Generalitat con el único requisito de inaugurarlos en el plazo establecido. Los gastos no figuraban en las cuentas de la Generalitat al ser Ciegsa la que se encargaba de obtener los fondos.
La comisión parlamentaria concluye que Ciegsa era «una herramienta diseñada y estructurada para eludir los mecanismos de control propios de una gestión transparente, eficiente y responsable». Por ello, señala como responsables políticos a todos los miembros del Consell entre febrero de 2001 a noviembre de 2013 por ser la Junta de accionistas de Ciegsa, con especial responsabilidad a los consellers de educación en esa etapa: Manuel Tarancón (ya fallecido), el eurodiputado Esteban González Pons y los diputados Alejandro Font de Mora, José Císcar y Maria José Català.
Fue bajo la dirección de González Pons cuando se designó a Máximo Caturla, investigado en la pieza judicial por ser el gerente de la entidad y en cuya gestión se produjeron «las peores irregularidades» según Montiel. Sin embargo fue con Font de Mora con quien más tiempo ejerció de gerente y según la diputada de Compromís, Belén Bachero, fue el exconseller «quien aprobó todos los contratos que hoy se investigan por obtener mordidas a través de Caturla».
PSPV, Compromís y Podemos se adelantaron a las críticas de la oposición. Si Ciegsa no se ha cerrado aún «es porque aún hay contratos vigentes con empresas de barracones que dejarían a los niños en la calle», apuntaron, pese a las críticas de Cs de mantenerlos en vigor.
El portavoz popular en la comisión, Juan José Zaplana, anunció que su partido no aprobaría la propuesta de dictamen porque se basa en «especulaciones» y recordó que existen «15 auditorías externas sobre el periodo analizado, 30 informes de la intervención y 12 de la Sindicatura de Comptes».
