La colisión más poderosa a la que se va a tener que enfrentar el Consell en el inicio del curso y que pondrá a prueba la estabilidad del segundo Botànic será la de los ajustes en el presupuesto, que inevitablemente el ejecutivo que preside Ximo Puig tiene que abordar en las cuentas de 2019. No habrá que esperar a que acabe el verano. La situación por la que atraviesan las arcas autonómicas es delicada y la Conselleria de Hacienda tiene trazada ya la hoja de ruta de los recortes, que vienen provocados por la asfixia financiera que genera un Gobierno en funciones y la falta de Presupuestos Generales del Estado.
Pese a la resistencia de Compromís a avalar modificaciones en las cuentas, Hacienda ya tiene decidido llevar los ajustes, en torno a unos 500 millones de euros, al primer pleno de septiembre según confirmó ayer a Levante-EMV el propio conseller de Hacienda, Vicent Soler. El responsable de las arcas públicas recuerda que la conselleria tiene competencias suficientes para adoptar las decisiones que sean necesarias, pero prefiere que el acuerdo se adopte en corresponsabilidad por el Consell y pide el apoyo de los socios. «No es un problema de partidos, es un problema de gestión», señaló ayer.
Se hará con rapidez porque apenas unos días después el Consell tiene que presentar al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero el programa económico-financiero (PEF) 2019-2020 de la Generalitat, en el que tienen que figurar ya esos ajustes. La clave está en que el Gobierno necesita encontrarse en plenas funciones para habilitar los adelantos a cuenta (450 millones para la Comunitat Valenciana), ahora bloqueados. Esta es la cuestión más angustiosa para las arcas valencianas porque es además la autonomía peor financiada.
Bloqueo de la Abogacía
La ministra Montero lo ha intentado, pero la Abogacía del Estado no permite transferir las entregas a cuenta con un Gobierno que en funciones. Todas las autonomías se encuentran en la misma situación e incluso Cataluña llevará a los tribunales al Gobierno de Sánchez por esta cuestión.
Además, el Consell tiene pendientes de cobrar 250 millones de una mensualidad del IVA de 2007 que el exministro Montoro dejó sin pagar y que sigue pendiente. Hay otros mil millones ligados a los presupuestos del Estado que no se van a hacer efectivos porque el Congreso tumbó (con los votos de independentistas y formaciones de derecha) las cuentas que pactaron PSOE y Podemos y que llevaron al adelanto de elecciones.
El grueso de la «cirugía fina», como lo define el conseller, se centra en los créditos no comprometidos del capítulo de inversiones, que normalmente es la partida que menos daño hace, pero sin que los servicios básicos se vean afectados en ningún caso, garantiza el titular de Hacienda. El presupuesto aprobado por las Corts en diciembre recoge una inversión consolidada de 905 millones, por lo que se va a tener que dejar para el próximo ejercicio buena parte de la inversión que estaba prevista, aunque también se verán afectadas otras partidas.
«Nuestra voluntad sería otra, pero se tiene que hacer», asegura Soler, que admite que la intervención generará incomodidad. No obstante, el conseller prefiere hablar de ajustes y no de recortes porque lo que va a ocurrir es que el presupuesto será menos expansivo de lo previsto, pero en ningún caso ejecutará menos gasto que en el ejercicio anterior, por lo que técnicamente, dice, no hay recorte.
Mientras, la posición de Compromís no ha variado. La coalición cree que la inestabilidad política en Madrid no es suficiente causa para forzar ajustes en la Comunitat Valenciana. La síndica adjunta en las Corts, Mónica Àlvaro, dijo ayer a Europa Press que las Corts votaron unos presupuestos y que deben ejecutarse como tal. La diputada no cree que se trate de ajustes sino de recortes.
«La primera opción es forzar a la formación de Gobierno, la segunda estudiar el plan de ajuste que prepara la Conselleria de Hacienda y la tercera sería la planteada por el Govern catalán», posición que no está descartada.
