El año parece tener dos inicios: uno oficial, en enero, y otro oficioso, en septiembre, y este último lo es en parte por la vuelta al cole, lo que marca el retorno a la normalidad y a la rutina para muchísimas familias. Para los padres y las madres, estos son días de preparar el material, de probar delantales y uniformes, de comprobar qué se puede reutilizar del curso pasado y qué no, y de buscar las mejores ofertas. En las escuelas e institutos, la «maquinaria» se pone hoy en marcha, con la vuelta de los docentes, que acogerán a sus alumnos el próximo lunes, según ordena el calendario escolar del curso 2019-2020.
Pero no solo los estudiantes volverán a tener deberes dentro de poco, el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà tiene unos cuantos temas pendientes. Sindicatos docentes y familias esperan que en la segunda legislatura del Botànic, la conselleria ponga punto y final a asuntos heredados, como los barracones o los recortes del Consell del PP, y ahonde y consolide los cambios introducidos durante los últimos cuatro años, sobre todo en materia de inclusión.
Desde Stepv, el sindicato mayoritario de la enseñanza valenciana, explican que uno de los retos de este curso es la aplicación efectiva del Decreto de Educación Inclusiva, dirigido a todo el alumnado, «no solo a aquellos con problemas porque no llegan al nivel», lo que precisa «la formación del profesorado». También reclaman formación para acabar de desarrollar el modelo plurilingüe, que este curso «ya se aplicará en Secundaria y Formación Profesional».
Otra preocupación de Stepv la centra el «profesorado interino que llevaba 10 o 12 años trabajando y se ha quedado sin plaza, sobre todo en especialidades muy pequeñas, por las oposiciones masivas». La negociación del mapa escolar o la necesidad de acelerar las obras en los centros, son otros de los puntos pendientes, según Stepv: «Se ha trabajado, pero el gran problema es la lentitud y las trabas administrativas; el reto es acelerar y mejorar la dotación de personal técnico, lo que debería ocurrir con la nueva Dirección General de Infraestructuras...», explica Marc Candela, portavoz del sindicato.
Como Stepv, la Federación de Enseñanza de CC OO PV coincide en la necesidad de abordar qué profesionales están capacitados para desarrollar el decreto de inclusiva y piden una «hoja de ruta» para los educadores, cuya gestión ha asumido este verano Educación.
Xelo Valls, secretaria general de FE CC OO PV, explica que ya debería establecerse el escenario de las oposiciones más allá de 2021. Opinan que debe mejorar el anonimato de las pruebas y que estas deberían tener una nota única y no ser eliminatorias. Después de la crisis, reclaman que continúe la rebaja de horas lectivas y que se estabilicen las plantillas. Desde CC OO también piden «una batería de medidas» para combatir la brecha salarial y una nueva negociación del decreto de permisos y licencias.
Por su parte, UGT insta a la conselleria a continuar con la reducción de la ratio. Si el curso pasado fue de 22 alumnos, el sindicato considera que lo ideal sería de entre 15 y 20 alumnos por grupo en Infantil y Primaria, y 25 en ESO y Bachillerato. Además, reclama la vuelta de todos los tutores generalistas en Primaria -en lo que ya trabaja conselleria-, así como un pacto de estabilidad para el profesorado interino de mayor edad. La «equiparación salarial entre los diferentes colectivos y cuerpos docentes», el pago de los trienios y sexenios al profesorado de prácticas y el complemento hasta el 100 % de las prestaciones durante las bajas laborales, son otros de los puntos.
Igual que los dos sindicatos anteriores, UGT también ve necesaria más formación docente, y recuerdan que está pendiente la renovación de la «normativa obsoleta sobre organización y funcionamiento de los centros docentes».
Entre los «deberes» para 2019-20, UGT incluye que la FP, que ahora tiene secretaría autonómica, «salga reforzada», pero lamentan que finalmente Labora, el servicio valenciano de Empleo y Formación, no se haya integrado en la conselleria, como se barajó durante las negociaciones del Botànic II. Sobre estos estudios reclaman «un proyecto sólido y global» y un «acuerdo de plantillas».
En cuanto a las enseñanzas de Régimen Especial, UGT considera que está «todo por hacer». Echa en falta un «mapa de conservatorios» y critica que los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores se encuentran en «la situación más dramática y abandonada de nuestro sistema no universitario».
Enseñanza concertada y familias
Los representantes de la enseñanza concertada también tienen una lista de peticiones. Mariano Vivancos, gerente de la patronal Federación de Centros de Enseñanza ( Feceval), explica que hay que «garantizar una educación de máxima calidad en libertad», desea un «un diálogo sincero y más decidido» con la conselleria -como ocurrió con el plurilingüismo, dice- y lamenta la «judicialización» de los asuntos educativos.
«Pronto saldrán las resoluciones de los recursos del bono infantil y de los conciertos de Bachillerato; esto último puede acabar en una indemnización multimillonaria de la conselleria a los centros, en la actual coyuntura económica...», lamenta.
Los centros concertados reclaman que no haya «gratuidad selectiva» en Infantil y que los ciclos de FP «sin cabida en la educación pública se puedan ofertar libremente», además de que las ayudas a la feminización de estos estudios «no vayan solo a los centros públicos». Critican que se les «excluya» de la oferta de formación, apuestan por una «lucha decidida contra el abandono escolar», y porque se trabaje por la inclusión pero que siga «teniendo cabida la Educación Especial».
En la misma línea se expresan las fuentes del sindicato FSIE, mayoritario en la concertada, que reclaman al conseller «no repetir los mismos fallos sobre todo en lo que se refiere al alumnado con necesidades especiales». También solicitan «más recursos contra el abandono escolar» ya que «los centros concertados han sufrido un recorte en el Plan de Actuación para la Mejora (PAM)» y critica que los Centros de Acción Educativa Singular (CAES) «han caído en el olvido».
Al igual que otros sindicatos, consideran que debería abordarse la equiparación de plantillas y, añaden, la homologación de salarios entre la enseñanza concertada y la pública, incluyendo los sexenios. Como Feceval, también demandan la igualdad de oportunidades formativas para el profesorado, y que la financiación de las extraescolares se amplíe a todo el alumnado.
Por su parte, desde la Confederación de Ampa Gonzalo Anaya, piensan que ya debe darse la «aplicación práctica» del decreto de Inclusión, con los «recursos necesarios», y también pide «programas para reducir la tasa de abandono escolar» y «mecanismos de admisión para evitar la segregación», además de dar estabilidad a las plantillas docentes y «mejorar la coordinación con los equipos directivos».
En cuanto al currículum, las AMPA proponen «redefinirlo, aligerarlo y hacerlo más flexible». Apuestan por una «evaluación continua del sistema educativo», incluida la actividad docente, y por mejorar la convivencia a través de tutorías, tanto con las familias, entre maestro y alumno o entre iguales (TEI). La confederación también propone aprovechar los comedores para promover una alimentación saludable y luchar contra la obesidad infantil. También avanzar «hacia la gratuidad», tanto en Infantil como en la oferta de formación a partir de los 16 años.
Las familias solicitan una mayor representación en los consejos escolares, así como «la ampliación de los usos y horarios de los centros».
