Tras un largo período de sequía en ofertas de empleo público para trabajos fijos en ayuntamientos valencianos, debido más a la dejadez de muchos consistorios que a la imposición legal que se esgrime, según explican desde la el sector de Administración Loca del Comisiones Obreras, empiezan a detectarse numerosas ofertas.
Sin embargo por la organización autónoma de cada ayuntamiento en materia de tasas, el sindicato ha detectado una auténtica disparidad de criterios a la hora de fijar el precio para participar en los procesos selectivos.
Desde aquellos ayuntamientos que consideran el acceso a la función publica un derecho y por tanto no cobran tasas hasta aquellos que «exageradamente» las sitúan en la orbita de los 200 euros, según explican desde el sindicato.
Así, en el primer semestre de 2019 Comisiones Obreras ha analizado las cifras públicas que han impuesto un total de 58 ayuntamientos, los que han procedido a realizar la publicación y convocatoria de las plazas de Policía Local vacantes, aunque todavía supone una cantidad muy pequeña comparada con los más de 250 cuerpos de policía local existentes.
La mayoría más de 50 euros
De los datos recabados por el sindicato, que ha conocido Levante-EMV se comprueba que el 70% de ayuntamientos analizados solicitan tasas de examen en cantidades que superan los 50 euros o más, y que de estos un 27%, es decir mas de un tercio de los que han ofrecido oposición se sitúa en los 100 euros o más.
Uno de los más llamativo es el del Ayuntamiento de Pego con un requerimiento para poder participar que alcanza los 215 euros. Otros se sitúan por encima de los cien euros, como Miramar, que llega a los 160; Albuixech con 150; Nules que sitúa el precio en los 145, Alfafar con 126 o Cullera con 123 euros.
Un 12% no fija cantidad en las bases de convocatoria, ni aparece referencia en la página web del propio ayuntamiento.
Y en un porcentaje intermedio, es decir por debajo de los 50 euros estaría el resto en torno al 20%, con cantidades como los 45 euros de Moncofa o los 11 euros de Guardamar del Segura.
Para CC OO resulta evidente que es una realidad disparatada, solo subsanable mediante la centralización de pruebas selectivas en procesos unificados por parte de la Generalitat y precios públicos únicos y razonables, como vienen haciendo Galicia, País Vasco, Asturias o Extremadura.
Según CC OO, las personas aspirantes deben realizar un importante desembolso de dinero solo por el derecho a participar en cada proceso, lo que sumado a las cantidades que ya abonan mes a mes a las academias privadas representan una «sangría» permanente, lo que deja a personas que han demostrado su validez durante años como interinos, «ahora deben renunciar a muchas opciones pensando en los costes que todo este sacrificio representa».
